Ecuador, sábado 20 de enero de 2018

Las matanzas intangibles. Hecho en Ecuador

Miguel Ángel Cabodevilla

No es serio ese lamentable espectáculo de disimulos y torpezas en autoridades de tan alto cometido. ¡El fiscal general revelando posibles envenenamientos, diciendo que de la matanza nada se sabe y, el mismo día, un muchacho waorani confesando en la televisión: sí, mi papá ha intervenido en la matanza, han matado a bastante gente! El fiscal de Coca anunciando, como para amedrentar, la convocatoria a testimonio de dirigentes waorani y otras personas, que tuvieron el coraje de reconocer públicamente la existencia de la horrible matanza, ¡y ninguna autoridad le reclama a él por su ineficacia! ¡Pero si tiene ahí a las muchachas, si todos saben, en Yarentaro o Dikaron, quiénes intervinieron en el exterminio, si la gobernadora se fotografió con ellos! El fiscal haría bien investigando en Coca –ya que los funcionarios de Justicia no se enteraron con antelación, como era su cometido– cómo se organizó la expedición mortífera, dónde y a quién compraron las armas, quiénes les ayudaron en una cosa que quizá no fue venganza tribal.

Miguel Ángel Cabodevilla


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¿Comprenden ahora, ciudadanos, por qué insistimos en llamar ocultos a esos pueblos selváticos todavía sin contacto estable? No solo ocultos, también ocultados. ¿No es una tenaz maniobra de ocultación lo que estamos percibiendo desde la muerte a lanzas de un matrimonio el 5 de marzo y la consiguiente venganza del 29 del mismo mes? ¡Hace de ello más de 20 días y las autoridades la siguen llamando presunta! ¡Tienen en sus manos a dos niñas, raptadas durante la masacre, y se empeñan en perseguir testigos de fuera! Han sabido de sus bocas infantiles que supuestamente fueron envenenadas, más otros detalles, ¡en cambio no les dio tiempo a preguntar cómo masacraron a los suyos, a tiros, ante sus ojos!

Sin embargo, lo primero que se oculta a la nación es que, evidentemente, este no es un asunto para la Fiscalía o, en todo caso, lo será como cosa subsidiaria. No se trata de un crimen ordinario, ejecutado por malvados. Lo que estamos padeciendo es un fracaso en toda regla del Gobierno, único encargado de aplicar las medidas cautelares. El asunto principal no es quién ha matado y a cuántos, aunque eso sea importante. Sino por qué ocurrieron esos hechos, qué se hizo para prevenirlos o evitarlos, cómo han procedido los responsables gubernamentales. Eso es lo que el Gobierno debe explicar a la ciudadanía y, para esto, no hace falta esperar las conclusiones de la Fiscalía, que deben ir por otro lado. Lo que necesitamos saber, ante todo, es por qué no ha funcionado la aplicación de las medidas protectoras. Pero esto no se admite y se trata al asunto como si fuera crónica roja. Por tanto, viene a ser una burda maniobra de distracción en la que no debemos caer.

Existe un anuncio que se repite estos días en la prensa y otros medios, enviado desde el novísimo Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano. Apelo a él, con sus propias palabras. Tiene como título: Hecho en Ecuador. Luego dice así: Si cometemos un error, asumámoslo. Busquemos la excelencia. Señores, señoras, si son tan amables, apliquémonos el cuento.

Este Gobierno dio ejemplo en la creación de esa Política para Pueblos sin contacto. Pero quienes conocemos algo de eso, sabemos lo complicado de su ejecución. Esa zona es increíblemente compleja y tiene una antigua historia, de lo más enredada, de la cual no es responsable el actual Gobierno, pero sí el Estado ecuatoriano. No hay que confundir una cosa con otra. No seremos nosotros quienes digamos que el Gobierno actual no ha hecho, ni hace nada.

Lo que decimos es que no hay que tener miedo a la verdad. La ocultación se vuelve contra quienes la practican. Es una pésima práctica ciudadana, como ustedes mismos reconocen en su anuncio. Es evidente que hay que reconocer falencias en la actual organización y aplicación de esa Política. Ahora mismo la coordinación entre Fiscalía, Justicia e Interior no parece la más adecuada. Da la impresión de que sus funcionarios respectivos andan cada cual por su lado, sin demasiada coordinación.

No es serio ese lamentable espectáculo de disimulos y torpezas en autoridades de tan alto cometido. ¡El fiscal general revelando posibles envenenamientos, diciendo que de la matanza nada se sabe y, el mismo día, un muchacho waorani confesando en la televisión: sí, mi papá ha intervenido en la matanza, han matado a bastante gente! El fiscal de Coca anunciando, como para amedrentar, la convocatoria a testimonio de dirigentes waorani y otras personas, que tuvieron el coraje de reconocer públicamente la existencia de la horrible matanza, ¡y ninguna autoridad le reclama a él por su ineficacia! ¡Pero si tiene ahí a las muchachas, si todos saben, en Yarentaro o Dikaron, quiénes intervinieron en el exterminio, si la gobernadora se fotografió con ellos! El fiscal haría bien investigando en Coca –ya que los funcionarios de Justicia no se enteraron con antelación, como era su cometido– cómo se organizó la expedición mortífera, dónde y a quién compraron las armas, quiénes les ayudaron en una cosa que quizá no fue venganza tribal.

Sin embargo, insisto, eso es solamente el triste colofón de otro fracaso en la protección de los pueblos ocultos. El asunto de fondo no es fiscal. Y esto es lo que importa examinar. Por qué se fracasó en la prevención, por qué no había preparado ni un solo procedimiento de mitigación cuando ocurrieron los lanceamientos del 5 de marzo. Ustedes mismos lo dicen: Si cometemos un error, asumámoslo. Busquemos la excelencia.

* Miguel Ángel Cabodevilla es sacerdote capuchino. Su texto ha sido publicado originalmente en el diario El Universo.