Culpables de sabotaje y terrorismo

Alberto Molina

Alberto Molina
Quito, Ecuador

La insurrección, o guerra revolucionaria, consiste en una rebelión en contra de lo establecido. Para alcanzar su objetivo sigue un proceso ascendente de violencia, utilizando los medios, recursos y grado de adiestramiento de sus miembros. Las etapas del proceso insurreccional son: la subversión, el terrorismo y la guerrilla, que debe dar origen a la culminación del proceso con la guerra civil.

La subversión es la primera etapa del proceso; se caracteriza por la realización de atentados que provocan daño material y físico de instalaciones de propiedad pública y privada (sabotaje), y por enfrentamientos con las fuerzas del orden, creando crisis de credibilidad del gobierno.

Durante el terrorismo, que es la segunda etapa, se comete asesinatos, secuestros, asaltos, atentados con explosivos, es decir una sucesión de actos criminales ejecutados con violencia para infundir terror en la población.

La guerrilla, tercera etapa, se caracteriza por la presencia de grupos organizados con armamento y equipo capaz de enfrentarse a las FF.AA. y normalmente controlan parte del territorio nacional.

La Guerra Civil es la última etapa del proceso, abarca todas las anteriores, en donde las fuerzas irregulares se enfrentan en combate abierto con las FF.AA.  a fin de derrotarlas; existe la participación activa de la población civil y culmina con el derrocamiento del gobierno.

También existe el terrorismo de Estado, es decir que a través del aparato de Estado se intimida y se viola los Derechos Humanos  de los adversarios del régimen.

Desde la reinauguración de la democracia (1979), parte de este proceso vivió nuestro país; en el gobierno de León Febres Cordero, surgieron “Alfaro Vive Carajo”, “Montoneras Patria Libre”, “Sol Rojo”, organizaciones subversivas que secuestraron, asesinaron, asaltaron a bancos, robaron armamento de instalaciones militares y policiales, etc. Estas organizaciones fueron prácticamente diezmadas, algunos de sus miembros son parte del actual régimen.

En este gobierno se ha criminalizado la protesta social; dirigentes indígenas, “Los 10 de Luluncoto”, fueron acusados de sabotaje y terrorismo; jóvenes estudiantes del colegio Central Técnico que cometieron actos de vandalismo injustificados, están acusados de rebelión. Por último, como parte de la secuela del 30-S, a una maestra que pertenece a una organización política, con cuya ideología no comulgo, se la acusó de  instigar a colegiales a protestar en contra del gobierno, y ha sido declarada culpable de  sabotaje y terrorismo. Más bien, verdaderos estragos causaron ese día los actos vandálicos y de saqueo que llenaron de pánico a la población.

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