Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
Es difícil no coincidir con el presidente Correa en su afán de fomentar la inversión extranjera en el sector minero. Este ha sido uno de los sectores menos atendidos en el Ecuador por varias décadas no obstante el potencial económico que él tiene. Las reservas mineras del país no pueden ser sustancialmente diferentes de aquellas de Perú, Chile y Colombia, partiendo de la realidad geográfica que nos une a dichas naciones a través de la cordillera andina. A su vez, los mencionados países han logrado enormes ingresos económicos de la explotación y exportación de las riquezas mineras que yacen en esa geografía.
Por otra parte, la industria minera requiere gran capital. Su desarrollo necesita enormes inversiones de recursos financieros y tecnológicos que el Ecuador carece. Al contrario de lo sucedido, por ejemplo, en el desarrollo agrícola, donde el país ha sabido crear su propia tecnología y las empresas nacionales han acumulado su propio capital, en la minería la realidad es diferente. En otras palabras, la explotación de la minería es prácticamente inconcebible sin la presencia de empresas multinacionales. Al menos por muchos años –el tiempo que se requiera para que las empresas nacionales mineras puedan surgir– la inversión extranjera es inevitable.
A pesar de lo anterior, en estos días el gobierno enfrenta una seria oposición por parte de las comunidades indígenas respecto de las reformas que se van a introducir al régimen legal minero. Dichas reformas apuntan precisamente en la línea antes mencionada, esto es, en fomentar la inversión extranjera en este sector.
Los problemas planteados son serios y no van necesariamente a esfumarse aprobando dichas reformas; ellos, además, fueron creados y hasta se podría decir fomentados por el propio régimen. Son serios porque algunos tienen un origen constitucional, por lo que una reforma legal no sería suficiente. Es la Constitución, por ejemplo, la que establece la necesidad de la llamada “consulta prelegislativa” cuando existan leyes, como la que se está discutiendo, que podrían afectar la vida de las comunidades indígenas. Igual cosa podría decirse del referente al porcentaje de participación que el Estado tiene en los contratos mineros.
Es probable que elevar a rango constitucional este mecanismo o dicho referente haya sido un paso importante para la coalición en la que se apoyó el presidente Correa para su llegada al poder. Pero eso es secundario. Lo principal es que ello consta en la Ley Suprema y que como tal debe cumplirse, así no nos guste.
El recurrir a simulaciones o subterfugios para evadir el cumplimiento de normas constitucionales no solo que constituye una infracción jurídica que no se borra con alguna sentencia de un órgano como es el de nuestra conocida Corte Constitucional tan pronta a convalidar las cosas más increíbles. Es, además, un error, pues será fuente de más inseguridad jurídica en el futuro.
Amarga ha sido la medicina que el régimen le vendió al país como la mejor constitución del mundo.
La ley que se reformaría no es una ley aprobada por la llamada “partidocracia”.
* El texto de Hernán Pérez ha sido publicado originalmente en El Universo.