Carlos Larreátegui
Quito, Ecuador
A pocos días de cumplirse un año del asilo otorgado por el Gobierno ecuatoriano a Julián Assange, el ministro Patiño viajará a Londres para visitar al australiano y presentar, una vez más, sus argumentos jurídicos ante el Foreign Office. Adicionalmente, el presidente Correa acaba de designar a Juan Falconi, exministro de la administración de Jamil Mahuad, como embajador del Ecuador ante el Reino Unido.
Todo indica que nuestro gobierno ha decidido lanzar una ofensiva para romper el bloqueo que mantiene cautivo a Assange y aprovechar la reactivación de su caso a raíz del juicio iniciado contra el soldado Manning, el filtrador primario de los cables de Wikileaks. Tal como se advirtió en esta misma columna hace un año, el Gobierno británico no ha cedido un ápice en su negativa a otorgar el salvoconducto para que Assange pueda viajar al Ecuador y eludir con ello la extradición requerida por Suecia.
En la visión de Londres, el otorgamiento de un salvoconducto marcaría un peligroso precedente para la justicia europea y los acuerdos de extradición, y equivaldría a poner en duda la probidad de las instituciones suecas.
Adicionalmente, y más allá de los costos de la vigilancia de Assange, el Gobierno británico tiene poco que ganar y mucho que perder con semejante concesión. El Gobierno ecuatoriano está muy consciente de que el conflicto diplomático será prolongado y complejo. La designación de Falconi, un abogado litigante muy preparado y notorio por su tenacidad, apuntaría a fortalecer la batalla jurídica que libra el Gobierno ecuatoriano por el salvoconducto de Assange.
Sin desconocer los grandes méritos que posee Falconi, parecería que su perfil no es el más adecuado para conducir esta situación; su conocida preferencia por los litigios sin concesiones y la destrucción del adversario podría complicar aún más las cosas y tensar inútilmente las relaciones con Suecia y el Reino Unido. Esperemos, sin embargo, que el flamante Embajador asuma el reto bajo otra visión y logre sacar al Ecuador de este desgastante entuerto.
En 1956, el cardenal Joszef Mindszenty buscó refugio en la Embajada de EE.UU. mientras los tanques soviéticos aplastaban la disidencia húngara; el Gobierno comunista negó el salvoconducto y el prelado debió permanecer 15 años en dicha embajada. En 1949, el líder histórico del APRA peruano, Haya de la Torre, se refugió en la Embajada de Colombia en Lima pero las autoridades peruanas negaron su salvoconducto; la situación pudo resolverse cuando los dos gobiernos acordaron someterse a la Corte de La Haya y acatar el fallo que fue emitido dos años más tarde.
Estos y otros precedentes permiten presagiar que el caso Assange no se resolverá durante el gobierno de Alianza País y que el embajador Falconi deberá cohabitar con el australiano por varios años.
* El artículo de Carlos Larreátegui ha sido publicado originalmente por El Comercio.