Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
Han transcurrido pocos días desde la aprobación de la Ley de Comunicación. En tan corto tiempo ha quedado claro que la Asamblea violó el procedimiento constitucional para la aprobación de leyes. Hasta algunos de los protagonistas han terminado por admitirlo entrelíneas, aparte de que hay evidencias (actas, etc.) que lo confirman.
La mayoría de quienes aprobaron la ley jamás la debatieron dos veces, y los únicos que la debatieron una vez no la votaron. Al país le consta que en el llamado segundo “debate” no hubo debate. Además, en el texto final se introdujeron temas que no constaron en el documento aprobado en el primer debate. Ahora resulta que no solo se trata de la Superintendencia y del “linchamiento mediático” –figura que ha provocado risas en el exterior–, sino que hubo otros asuntos introducidos a última hora.
Con lo anterior el oficialismo habría admitido, por ejemplo, que bien podría suceder que entre el primero y segundo debate de un proyecto de ley pasen 15 años y que terminen como ley asuntos jamás debatidos. Tampoco han explicado por qué teniendo una holgada mayoría no siguieron el procedimiento constitucional.
La semana pasada quedó claro también que la ley no será aplicada por igual. En efecto, a lo poco de su aprobación el gobierno desató una costosa campaña publicitaria, incluyendo arengas, videos emblemáticos de “linchamientos mediáticos”, falsedades e insultos que fueron suficientes para confirmar que la nueva ley no será aplicada a la prensa burocrática, sino a los periodistas independientes.
También quedó claro que varios artículos de la ley violan instrumentos internacionales de derechos humanos que son obligatorios para el Ecuador. Y esto lo dijo nada menos que el relator de la ONU para la Libertad de Expresión. Increíblemente es una ley que amenaza con imponer sanciones 42 veces, es decir, a un promedio de una amenaza por cada 3 artículos.
Frente a la declaración del relator de la ONU, los oficialistas han repetido su conocida teoría de que hay una conspiración mundial contra ellos. ¿Cuando las cortes internacionales ordenen su anulación –algo que inevitablemente sucederá– serán también parte de esa conspiración?
Y finalmente quedó confirmado que la figura del “linchamiento mediático” busca impedir que los periodistas investiguen la cara oculta del poder. En efecto, el presidente sostuvo que su primo –el que falsificó el título, etc.– fue víctima precisamente de ese linchamiento. El pobre primo, de no ser por los periodistas investigadores, seguiría siendo un alto funcionario estatal.
Pero para mala suerte del primo y de los otros como él, la Constitución señala que los instrumentos internacionales de derechos humanos están por encima de cualquier ley. Así que el gobierno nada ha ganado con la ley de comunicación en su inútil batalla por aplastar la libertad de expresión. Una batalla que afortunadamente la seguirá perdiendo.
Y ello pese a su doble fachada: de festejar casa adentro cada vez que los periodistas críticos de su gobierno son sentenciados, y, al mismo tiempo, presentarse casa afuera como defensor de extranjeros buscados por la justicia.
* El texto de Hernán Pérez Loose ha sido publicado originalmente por El Universo.