El país de los XYZ

Marlon Puertas
Guayaquil, Ecuador

Gente que tiene rostro pero que no se lo puede ver. Personas que tienen un nombre, pero que el resto de mortales ignora. Fallecidos que fueron víctimas de asesinos, pero que públicamente nadie se ha enterado, ni siquiera para dar el pésame a sus familiares.

Esas son algunas de las consecuencias de la aplicación de la novedosa ley de Comunicación que ahora nos gobierna. Periódicos que se llenan con iniciales: un acusado de violación de nombres A.E.O; el sospechoso de golpear a su pareja, llamado U.B.R.; el que tenía en su casa kilos de droga, identificado como X.Y.Z. Estas no son iniciales de hechos reales, por si alguien me quiera demandar, hasta por eso. Son solo ejemplos de la nueva forma de comunicar que se ha implantado en el Ecuador. Las noticias han perdido el elemento del quién, cuando este quién resulta haber estado involucrado en un acto reñido con la ley. Involucrado no por los periodistas, como se repitió incansablemente con la cantaleta aquella, sino por alguien que los acusa, por una policía que presentaba pruebas, hasta por un fiscal que presentaba un dictamen.

Estas instancias, que son del Estado, se han equivocado muchas veces. Se siguen equivocando, hasta ahora. Una de las detenidas por la muerte de Karina del Pozo fue una de sus mejores amigas, involucrada por haber estado junto a ella en la noche de su muerte. Meses después y luego de un largo padecimiento de su familia, los jueces encontraron que la muchacha no tenía nada que ver en el crimen de Karina. Y salió libre. Ella fue encarcelada, no por la prensa, sino por un sistema de justicia que comete estos errores y no repara el daño causado. ¿Dónde está, en la nueva ley, la reparación de los derechos de esta joven?

La prensa normalmente informaba de los hechos, con sus aciertos y sus errores, cometidos por los responsables de llevar adelante las investigaciones. Cierto es que existía ensañamiento en determinados casos, títulos mal puestos y acciones criticables, que debían ser puntualmente castigadas por las viejas leyes que ya contemplaban sanciones para estas conductas. Pero no se sacrificaba la información. El derecho que tenía la sociedad para poder ver y enterarse e identificar a quienes le pusieron una pistola en la cabeza en un secuestro exprés, asaltaron en algún lugar o estafaron con identidad falsa en un negocio.

Ahora solo tiene la capacidad de enterarse de sus iniciales y, de ahí en adelante, adivinar. Puede ser que se trate de su vecino, que resultó ser un psicópata, pero la barriada, sino es por el chisme subterráneo, no podría informarse a través de los medios. Sin información, la sociedad está más desprotegida, ciega ante quienes podrían resultar un peligro, indefensa por desconocimiento.

Las deficiencias de un sistema de administración de justicia que apresa inocentes y deja libres culpables, cobran su factura en esta ley, en vez de apuntar a los responsables de las negligencias. Una policía que detiene con pruebas absurdas, unos fiscales que no preguntan demasiado, unas víctimas que ya no saben a quien recurrir. Y una sociedad que se debe contentar con los XYZ.

* Marlon Puertas es Editor Nacional del diario HOY. Su texto ha sido publicado originalmente en HOY.

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