Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
En días pasados, Edward Snowden dio una rueda de prensa en una sala de la zona de tránsito internacional del aeropuerto Sheremetyevo de Moscú. Fue la primera desde que sus revelaciones fueron publicadas por el Washington Post y The Guardian de Londres, los dos periódicos privados a los que él recurrió para hacer su denuncia. A su rueda de prensa asistieron varias organizaciones y activistas defensores de los derechos humanos, incluyendo Human Right Watch, Amnistía Internacional y Transparencia Internacional, que él las había invitado. En su presentación, Snowden agradeció a estas organizaciones por su predisposición para ayudarlo a obtener del gobierno ruso un asilo político en ese país.
Va a ser muy interesante ver cómo estas y otras organizaciones y activistas defensores de derechos humanos contactan y coordinan con el gobierno ruso el pedido de Snowden. En especial porque las oficinas de algunas de estas organizaciones han sido requisadas por las autoridades rusas invocando argumentos de los más variados. Tal es el caso, por ejemplo, del despacho de Amnistía Internacional, que en marzo de este año fue visitado sin previo aviso por funcionarios de la Procuraduría del Estado y la Policía tributaria rusa en lo que ellos dieron en llamar una inspección de rutina. El pretexto de la visita fue obtener originales y copias de una serie de documentos que ya habían sido entregados al gobierno. Ese mismo día, decenas de organizaciones no gubernamentales sufrieron similares visitas. Pocas semanas antes, la conocida sociedad histórica de derechos humanos Memorial, que opera hace dos décadas en Rusia y otros estados de la antigua Unión Soviética, pasó una experiencia similar.
El clima de hostilidad del gobierno ruso hacia las organizaciones de la sociedad civil, en general, y, en particular, de aquellas dedicadas a defender la vigencia de los derechos humanos, alcanzó su punto crítico en noviembre del pasado año.
En ese mes, el gobierno de Vladimir Putin puso en vigencia nuevas regulaciones para controlar el funcionamiento de las organizaciones privadas sin fines de lucro. La legislación crea tantas restricciones y da tanto poder al gobierno sobre estas organizaciones que muchas de ellas simplemente han decidido resistir su cumplimiento. La semana pasada, para poner un ejemplo, la Fiscalía rusa anunció que 215 de estas organizaciones no habían cumplido con las regulaciones, lo que implica que se viene un nuevo conflicto legal entre el gobierno y estas asociaciones de la sociedad civil.
No es esta la única paradoja que el affaire Snowden ha provocado. Acciones como las adoptadas por Snowden –haber violado su deber de reserva respecto de operaciones de seguridad del Estado– son sancionadas con extrema dureza en Rusia. La atención mediática mundial que ha recibido el exanalista estadounidense lo ha convertido en una suerte de héroe a ojos de muchos rusos. Con el pasar de los días esa clase de promoción va a crear un conflicto en la política rusa.
Es por ello que el gobierno ruso bien podría terminar el affaire Snowden siguiendo la vieja escuela del realismo del poder.
* El texto de Hernán Pérez ha sido publicado originalmente en El Universo.