Vicente Albornoz
Quito, Ecuador
En el Ecuador hay un impuesto de 2 centavos a cada botella plástica, un impuesto que, en teoría es «ecológico», pero que en la práctica es una costosa manera de fomentar el reciclaje de las botellas de refrescos del norte del Perú. Si bien el objetivo del impuesto era bueno (reducir la contaminación causada por las botellas), para que realmente funcione había que ponerle a esa noble idea un poco más de lógica económica y, sobre todo, poner la carga tributaria en la raíz del problema.
Simplificando un poco, el impuesto funciona de la siguiente manera. Cada productor de refrescos paga 2 centavos por cada botella de agua o de gaseosa que llena (por lo tanto, el impuesto es a «llenar botellas» y no a «hacer botellas»). Después el Gobierno paga 2 centavos por botella al reciclador, buscando así incentivar su actividad.
En general, reciclar botellas puede ser un buen negocio, pero (gracias al impuesto) si se lo hace en el Ecuador es todavía más rentable, pues hay un ingreso adicional de 2 centavos por cada unidad reciclada. Por pura lógica económica, los negocios se mueven hacia donde ganan más plata y así resulta que en nuestro país es más rentable reciclar que en el Perú. Por eso, parecería que están entrando botellas usadas en el Perú para ser recicladas en nuestro país y beneficiarse del subsidio de 2 centavos por unidad.
Eso significa que el impuesto que pagamos los ecuatorianos en cada refresco que consumimos, está yéndose, al menos en parte, a fomentar el reciclaje de botellas usadas en el Perú. Según datos del director del SRI, entre enero y mayo de este año, en el Ecuador se llenaron 610 millones de botellas, pero se reciclaron 700 millones. Por lo tanto hay un «superávit» de 90 millones de unidades que, según declaraciones del mismo funcionario, estarían viniendo del Perú.
Para solucionar esto habría dos opciones: la controladora y la económica.
La opción «controladora» consistiría en poner más policías en la frontera para que empiecen a perseguir el ingreso indebido de botellas usadas y también ponerse a controlar que las recicladoras sólo reciban botellas ecuatorianas (complicado porque muchas vienen ya compactadas).
En otras palabras, habría que desplegar un complejo operativo de control en varios frentes, con sus consiguientes costos y con el potencial de que se corrompa el sistema. La opción «económica» sería más simple y efectiva: derogar el impuesto y subir levemente el arancel al plástico importado para desincentivar el uso de botellas de ese material.
De esa manera se cumpliría con el mismo objetivo y se estaría castigando al contaminador (el plástico) sin distorsionar la economía. Así también habría un incentivo para que las botellas sean cada vez mejor diseñadas y usen menos plástico, algo que ahora no se está fomentando. Por cierto, todo esto tiene sentido sólo si lo que realmente se quiere es proteger el medioambiente.
* El texto de Vicente Albornoz ha sido publicado originalmente en El Comercio.