Leonardo Valencia
Barcelona, España
A estas alturas, si sigue creciendo la polémica sobre la decisión de una cadena de cines ecuatoriana de no proyectar el documental La muerte de Jaime Roldós, creo que esa cadena se lamentará porque va a perder público, tanto los que quieren ver el documental como los clientes asiduos que, de pronto, se dan cuenta de que su cine habitual ha aplicado una restricción que los traiciona. Si su cine ha incurrido en esa banalidad de no proyectar el documental, quizá los clientes habituales se empezarán a plantear si lo que han visto en esas salas era políticamente coherente con sus propias ideas. No deja de ser provechosa la paradoja. El espectador que buscaba una diversión tiene un súbito corazón crítico que despierta en una especie de bifurcación no resuelta: ¿A qué cine ha asistido? ¿Cumple sus presupuestos políticos? ¿O estamos hablando de algo distinto, alejado del documental, y que consiste en que no se puede dar nunca una línea ideológica pura perfectamente cohesionada?
Lo cierto es que se trata de una sola cadena de cines y que hay otras que sí van a proyectarlo. Esto rebate ese sesgo tópico en Ecuador de satanizar a medios privados frente a la “pureza” estatal, o viceversa. Ni uno ni otro son modelos ejemplares, salvo en lo que pueden cumplir en su ámbito específico, que oscila según el momento y los responsables de turno. Por sí misma, la condición privada o estatal no es garantía de nada. Son siempre los hombres y mujeres que los dirigen quienes marcan la pauta de rigor y exigencia.
Por supuesto que apoyo que este documental de Manuel Sarmiento y Lisandra Rivera sea visto en el mayor número de salas posibles. Pero la discusión está en otro sitio. Primero en lo que dirá el documental sobre la muerte de Roldós. Después, más inmediato, que el discurso generado por esta restricción parece dirigido a reforzar o justificar la idea de que haya un regulador que obligue a la difusión de ciertas obras. El arte garantizado (léase impuesto) por el Estado siempre está a un paso de convertirse en el instrumento masivo para la ideología gobernante. Y no me refiero a documentales financiados o dirigidos políticamente, sino a esa corriente subterránea de autocensura que tiene su mayor perversión al manifestarse con iniciativas que contemporizan con el Estado, ofreciéndole lo que este supuestamente quiere y desea. Esas iniciativas a veces superan cualquier directriz. Milosz ya habló de esto hace tiempo en El pensamiento cautivo.
El documental será visto en Ecuador en esas otras cadenas (también privadas) y en cinematecas. Habrá que verlo. Habrá que corroborar si la cadena que lo prohibió lo hizo por discrepar con las opiniones que se vierten sobre León Febres-Cordero en el documental. Este es el punto interesante. Ni por asomo habrá que darles a leer a los propietarios de esa cadena el reciente y durísimo libro testimonial de Hernán Calvo Ospina, Calla y respira (editorial El Viejo Topo, 2013), sobre la represión durante el gobierno de Febres-Cordero. Será interesante ver si este libro (publicado por una editorial privada) también lo restringe alguna librería ecuatoriana.