Juan Jacobo Velasco
Santiago de Chile, Chile
¿Puede concebirse un error en un censo, que implique rehacerlo, malgastando $60 millones? ¿Puede imaginarse que dicho error, y sus consecuencias, ocurran en un país de alto ingreso regional, instituciones sólidas y cuya reputación descansa en la calidad institucional y en la credibilidad? Las preguntas parecieran ser sacadas del manual de las peores pesadillas, pero eso ocurrió nada menos que en Chile, con el censo de 2012, cuya realización y posterior difusión de los resultados preliminares se convirtió en una experiencia traumática como pocas.
Todo empezó con el anuncio, en 2013, de los primeros resultados del censo del año pasado, que en la versión del presidente Sebastián Piñera fue «el mejor de la historia», porque se suponía que los cambios introducidos (el censo pasó de ser «de hecho», es decir, realizado en un día, a ser «de derecho», lo que implicaba que el proceso censal tomaba algunos meses) habían reducido el margen de error a su mínima expresión, gracias a una cobertura censal «sin precedentes». Así, empezaron a mostrarse cifras de los diferentes cambios que habría experimentado la sociedad chilena en la última década, hasta que en mayo estalló una denuncia al interior del Instituto de Estadísticas (INE) chileno, en la que funcionarios reclamaron por varios errores que viciaban la calidad de la información proporcionaba, señalando en especial la manipulación de los datos de cobertura real del censo.
El gafé gatilló la salida del director del INE, Francisco Labbé, cuyo reemplazo, Juan Coeymans, nombró una comisión externa -compuesta por técnicos que trabajaron ad honorem e independencia- para que analice el proceso censal. En todo momento se esperaba una especie de revisión auditada que detectara los errores, para proceder a su corrección y reestimación de los resultados. Pero, cuando la Comisión dio su informe, el resultado fue devastador, pues se encontró que los errores de proceso y ejecución vulneraban en tal grado la calidad del censo, que era necesaria su nueva realización, en 2015, a través de una modalidad que se denomina censo abreviado, volviendo al formato de hecho en un cuestionario más breve.
El golpe fue tremendo. Sebastián Piñera pidió públicas disculpas por lo sucedido, en un inusual acto de humildad, sugiriendo una segunda opinión sobre el informe de la comisión a través de organismos internacionales, para, a partir de dos opiniones, tomar una decisión final. No obstante, en un año electoral, y dada la gravedad de un evento que se suma a otros problemas existentes con cifras oficiales sobre la pobreza y la inflación en Chile, lo que surge fuertemente es la necesidad de apuntalar la calidad de las instituciones. En ese sentido, el presidente tomó la decisión de enviar al Parlamento el proyecto de ley que le brinda al INE mayor independencia, asegurándole un financiamiento que no esté sujeto a los vaivenes políticos. La jugada es necesaria pero, dada la polvareda levantada, quizás tardía.