El cebiche de Assange

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

Es probable que en un gesto de cordialidad de parte de los funcionarios de nuestra Embajada ecuatoriana en Londres hacia el Sr. Assange ya le hayan brindado un cebiche de camarones ecuatorianos. Al fin y al cabo este señor lleva más de un año allí instalado como huésped en esa sede, y el cebiche de camarones de nuestro “insignificante país” es uno de los platos más exquisitos del mundo.

Sería deseable que la próxima vez que le sirvan un cebiche alguien le recuerde que en Ecuador la actividad camaronera –de la que viven miles de familias y que hasta hace poco era la líder del mundo– ha entrado en una nueva crisis gracias, en parte, a su feliz idea de meterse en nuestra Embajada con la cantaleta de que lo perseguían para ejecutarlo y desde allí montar una campaña contra el gobierno estadounidense luego de haber divulgado correspondencia diplomática reservada. Un hecho –no debe olvidarse– que si lo hubiese cometido acá un ecuatoriano, estaría preso y probablemente sin posibilidad de comer cebiches.

La conexión entre lo uno y lo otro quedó recientemente evidenciada con la injusta decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de determinar la obligación de los importadores de camarón de ese país a pagar un estimado de depósito en efectivo por nuestro producto. La razón es absurda: que el Ecuador habría incurrido en una infracción comercial al implantar un programa para que los camarones que se exporten sean procesados primero, lo que supuestamente causa una discriminación de precio. El Departamento de Comercio prefirió ignorar que ese procedimiento se lo hace por razones fitosanitarias y –lo más importante– que ello no causa daño significativo a los camaroneros de su país, que son quienes promovieron la medida. De hecho, las investigaciones preliminares que hicieron en Ecuador enviadas de Washington no provocaron objeción alguna contra ese procedimiento.

La cifra definitiva a pagar será anunciada luego de una revisión administrativa. Además, eliminaron la posibilidad de poner garantías mientras estén pendientes las apelaciones. Una de ellas sería ante la Comisión Internacional de Comercio, que deberá confirmar primero la decisión del Departamento de Comercio antes de impugnarla ante la Corte para el Comercio Internacional. La otra sería acudir directamente a la OMC. Ambas opciones podrían demorar un año y más. La OMC sería el mejor camino, aunque nuestro reciente manejo del contencioso bananero –en el que a pesar de tener a nuestro favor sendas decisiones se renunció a ellas– no es buen augurio.

Todo ese trajinar llevará meses de incertidumbre y pérdida de recursos tanto para quienes viven de esta actividad como para el gobierno ecuatoriano. Este es ciertamente un ejemplo más del daño que se causa cuando las decisiones que deben adoptarse con apego al derecho se las contamina políticamente. Tan reprochable es que la institución del derecho internacional del asilo se la use para proteger a un acusado de abuso sexual y que se le permita usar una embajada como tarima de barrio, como la imposición arbitraria de derechos arancelarios.

* El texto de Hernán Pérez Loose ha sido publicado originalmente en El Universo.

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