Danilo Arbilla
Montevideo, Uruguay
En Argentina, el kirchnerismo acaba de denunciar una conspiración para destituir a la presidenta Cristina Fernández. Acusa a grupos políticos opositores, empresarios y medios de ser parte de un complot para dar un golpe de Estado el día 8 de noviembre.
Lo que son las coincidencias, la novedad surge tras el fracaso del kirchnerismo en las primarias de agosto y en momentos en que la inflación crece y crece, la inseguridad cada vez es mayor, la popularidad del gobierno y la señora Fernández de Kirchner cae y cae y la presión de acreedores del exterior apremia. (Entre otras calamidades que azotan a los argentinos).
Y obsérvese la fecha prevista para el golpe según los denunciantes: once días después de las elecciones legislativas. Hay mal pensados que dicen que todo es una cortina de humo frente al casi seguro –según encuestas a hoy día– nuevo fracaso del oficialismo. Otros, mucho más mal pensados, dicen que es para desde ya invalidar y rechazar eventuales protestas opositoras, ante el hipotético caso de que en el escrutinio se utilicen las mismas calculadoras que usó Maduro para conseguir la presidencia en Venezuela.
Y, hablando de Maduro, este es otro de los denunciantes VIP de golpes de Estado, sabotajes, conspiraciones y varios planes para asesinarlo (y, si se quiere, léase magnicidio). No habla de una fecha exacta como su colega, sino de casi todos los días. También en Venezuela el escenario aparece bastante obscurecido –con un gran apagón– y el futuro aún más negro: puede terminar este año con el mayor índice de inflación del mundo –por ahora solo está por debajo de Siria e Irán, conocidos regímenes democráticos y tolerantes que cuentan, dicho sea de paso, con el respaldo tanto de Fernández como de Maduro– y retroceder aun más, si cabe, en los índices de inseguridad ciudadana, cantidad de homicidios por habitante, nivel de corrupción, aparte de la crisis eléctrica, falta de agua corriente, del popular papel higiénico y otros variados y abundantes desabastecimientos.
Y por si los ciudadanos venezolanos ya no tuvieran suficientes escaseces, en pocas horas se quedarán sin quizás la última garantía para sus derechos y libertades: el día 10 de setiembre Venezuela concreta su retiro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Y con respecto a este tema, y por último, vale la pena transcribir algunos párrafos, muy elocuentes, de una carta que el chileno José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights (HRW), escribió a los presidentes del Mercosur, pidiéndoles que intercedan ante el Gobierno venezolano para que revoque su decisión y recordándoles que “a partir de esa fecha, los ciudadanos y residentes de Venezuela ya no podrán apelar a una instancia que durante años ha sido –para los países de toda la región– el mecanismo externo más importante para reclamar la reparación de abusos en aquellos casos en los cuales los tribunales nacionales no lo hacen”. “Esto –les advierte seguidamente– resulta particularmente problemático en un país como Venezuela, donde existe falta de independencia judicial y el Tribunal Supremo de Justicia ha convalidado en reiteradas oportunidades diversas políticas gubernamentales que atentan contra derechos fundamentales”.
Vivanco menciona una carta anterior a los presidentes, tras la incorporación de Venezuela al Mercosur, en la que ya consignaba que dado el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Mercosur, dicha “incorporación” “implicaba para los gobiernos una oportunidad importante y un deber, de abordar seriamente junto con el Gobierno de Venezuela los graves problemas de derechos humanos que existían en ese país”. Y en esta de ahora, además, los pone al día y les informa que en el último año la situación en ese país en materia de derechos humanos (independencia judicial, libertad de expresión, situación de ONG que defienden los DD.HH.) ha continuado deteriorándose.
* El texto de Danilo Arbilla ha sido publicado originalmente en el diario ABC Color de Paraguay.