Gustavo Domínguez
Quito, Ecuador
Es necesario tomar el toro por los cuernos. El tema de Chevron necesariamente ha destapado muchas cloacas que requieren ser higienizadas.
El Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, ha hecho muy bien en iniciar los respectivos procesos para que se investigue a funcionarios incluidos en las operaciones de liberación de compromisos de la petrolera, cuyas operaciones de exploración y producción han generado un impacto ambiental que incluyen substancias sólidas, líquidas o gaseosas presentes en el entorno, y que han causado daño a la salud de los humanos y del medio ambiente. También se requiere investigar a la contratista responsable de realizar la reparación ambiental. Reparación a la que estaba obligada de forma jurídica, ética y moral Texpect (TEXACO), y que no la exime de ninguno de estos deberes el hecho de que haya sido una tercera la encargada de realizar los respectivos trabajos y acciones de reparación. Todo esto, sin olvidar que Texpect seleccionó una contratista que el propio Ministerio de Energía y Minas, a nombre del Gobierno y de Petroecuador, presentara dentro de una lista de contratistas de servicios ambientales previamente aprobada por el mismísimo Ministerio mediante memorándum suscrito por el Subsecretario de Medioambiente de ese entonces.
Siendo ahora público para todos los ecuatorianos y para el mundo entero la magnitud de los daños, desperdicios y contaminación que se ha dejado en la Amazonía, acaso no es lógico pensar que en la liberación de responsabilidades existe un clarísimo caso de negligencia con amplias fronteras con el obscuro mundo de la corrupción…que podría manchar a funcionarios públicos ecuatorianos, así como a funcionarios representantes de las empresas extranjeras liberadas y de la contratista encargada de la remediación.
Hay que tener presente, que en los temas de corrupción del sector público, el tango siempre se baila de a dos. Y si ese fuera el caso, las mismas leyes norteamericanas se encargarían de perseguir a funcionarios de sus empresas nacionales que se hallen envueltos en casos de compras de conciencias y procesos que impliquen quebrantamientos a la ley, aún afuera de su territorio. Ecuador debe hacer lo propio con sus malos funcionarios públicos.
Es así, que más allá de la existencia de informes por parte de la Contraloría y la negativa de la Fiscal de ese entonces para actuar en defensa del interés público y del derecho de las víctimas, es necesario investigar a fondo la actuación de todo los funcionarios comprendidos en este proceso…desde los técnicos que participaron en los procesos de remediación, burócratas quienes emitieron informes, autoridades responsables de la firma de convenios, hasta los funcionarios públicos que se negaron a actuar, sin embargo de la existencia de los informes emitidos por la propia Contraloría.
Sabemos que Chevron ha construido su caso basado en dos pilares que incluyen la firma del convenio de liberación de responsabilidades y los alegatos de fraude en el proceso jurídico seguido en una corte ecuatoriana. Estos dos pilares han sostenido, para la administración de Chevron, su argumento para perseguir sin cuartel al Gobierno ecuatoriano y conseguir sanciones políticas y económicas contra el país, debido al hecho de que un grupo de ciudadanos civiles, se han visto en la obligación de demandar a la empresa originalmente responsable, debido a los daños causados a su salud y al medio ambiente por los desperdicios tóxicos impunemente abandonados y visiblemente no remediados.
Obviamente, Chevron escogió el camino equivocado para solucionar su problema, que gracias a la perspicacia e involucración de abogados estadounidenses encargados de la presentación y defensa del caso de los perjudicados, se salió de contexto y financió un proceso contra el que se ha documentado situaciones inaceptables.
No existe otro camino que el de investigar y aclarar la honestidad y legalidad de la firma del convenio de liberación…por que si se comprobare la existencia de anomalías, que a simple vista son imposibles ocultar, la calidad moral y los principios éticos de las empresas liberadas simplemente se desplomarían. Y como correctamente asegura una Corte de Carolina del Norte, donde Chevron realizó una demanda, que el concepto de fraude es universal…el fraude contra Ecuador y su pueblo sería monumental.
Sin embargo, también deberán ser investigadas, y aclaradas por el Órgano Administrativo Judicial competente, las denuncias realizadas por Chevron en contra de los abogados de la parte demandante, el perito, y el juez encargado del proceso. La inexistencia de una investigación imparcial, transparente y justa de este sumario, no ayuda en nada al costoso y bien intencionado proceso de mejoramiento de nuestro sistema jurídico…ni ante los ojos de los propios ecuatorianos, ni ante los ojos del mundo. Es necesario se lave íntegramente la mano negra del caso Chevron.