Ezequiel Vásquez-Ger
Washington, Estados Unidos
El pasado 18 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tomó la decisión de mantener a Ecuador en la lista de países que no colaboran en la lucha contra el lavado de activos, considerando al país una “jurisdicción no-cooperante y de alto riesgo”. De esta manera, Ecuador se posiciona como el único país americano en ser parte de esta lista, la cual comparte con otros como Algeria, Etiopía, Kenya, Pakistán, Siria y Yemén.
Si bien el GAFI dijo en un comunicado que el Gobierno de Rafael Correa ha tomado algunas medidas para cambiar la situación, como por ejemplo la adopción de ciertas modificaciones al código penal que criminalizarían los delitos delavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el informe deja a las claras que existen grandes deficiencias en la aplicación estratégica de este tipo de medidas, y que de no llevar a la práctica las recomendaciones antes de febrero del próximo año, el país será objeto de sanciones acordes a la situación.
La historia sobre como Ecuador llegó a ser parte de esta lista comienza en el año 2010, cuando tras una serie de alertas por parte del GAFI, el procurador general del Ecuador, Diego García Carrión, propuso a dicha institución un plan de acción el cual incluía una serie de reformas al código penal. Esta aparente buena voluntad del gobierno ecuatoriano le valió una mejora en el “ranking” del GAFI, pero no por mucho tiempo.
En febrero del 2012, Ecuador volvió a caer lugares en dichas listas y más tarde, en junio de este año, el GAFI emitió un ultimátum, diciendo que de no cumplir con los lineamientos propuestos y las recomendaciones emitidas, el organismo se vería obligado a accionar consecuentemente.
Entre junio y octubre de este año, el gobierno de Rafael Correa intentó montar un show mediático para mostrar su supuesta disposición política a promover dichas reformas. Lo hizo intentando aprobar en tiempo record en la Asamblea Nacional la reforma del código penal, la cual en teoría incluirá algunas de las recomendaciones del GAFI. Sin embargo,el verdadero objetivo de Correa no era hacer caso a dichas recomendaciones, si no más bien aprovechar la “presión” del GAFI para aprobar rápidamente y casi sin debate una nueva ley que se ajuste a su propia agenda y avance su plan autoritario.
De esta manera, y utilizando el pedido del GAFI como excusa, Correa está logrando en tiempo record y casi sin debate que la Asamblea Nacional apruebe un nuevo código penal el cual criminaliza la injuria, censura la opinión diferente y facilita los mecanismos de persecución política a través de la vía judicial. Un paso más hacia el control de la justicia. Como era de esperar, Ecuador no cumplió con el plan propuesto ni con las recomendaciones del GAFI, las cuales iban mucho más allá que la simple inclusión de algunos nuevos artículos en el código penal. Es por eso que el GAFI decidió extender el ultimátum hasta el próximo febrero. Hoy por hoy, Ecuador no ofrece ni las garantías necesarias, ni la institucionalidad suficiente, ni la disposición a trabajar coordinadamente con la comunidad internacional para combatir el lavado de dinero, y sobre todo, existe una enorme brecha entre lo que el gobierno dice y lo que efectivamente hace.
El ejemplo más claro de esta situación es el caso de exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela a través delSistema Único de Compensación Regional (SUCRE). Cuando el tema salió a la luz pocos meses atrás, el fiscal general Galo Chiriboga anunció que se abriría una investigación al respecto. Sin embargo, al día de hoy, la Fiscalía General del Ecuador ha detenido la investigación sobre la empresa Fondo Global de Construcciones. Esta empresa, supuestamente proveedora de material de construcción para el “plan vivienda” en Venezuela, registró exportaciones a Venezuela por más de 135 millones de dólares, pero no ha registrado ningún tipo de operaciones de producción en Ecuador.
Esta grave circunstancia no debería sorprender a muchos. Rafael Correa ha dejado en claro durante los años que lleva en el poder que no le interesan en absoluto los estándares internacionales y que él hace todo mejor que el resto del mundo. A Rafael Correa le gusta ir en contra de los estándares internacionales. Esto esta claro en materia de derechos humanos, donde él mismo ha promovido la persecución a periodistas y opositores, y ha amenazado con abandonar el sistema interamericano de derechos humanos. En materia comercial, Correa ya ha actuado caprichosamente en reiteradas ocasiones, como por ejemplo cuando tomo la decisión unilateral de abandonar el Sistema Andino de Preferencias Comerciales con Estados Unidos. Lo ocurrido con el GAFI es ejemplo de lo que sucede en materia financiera internacional, donde Correa, yendo en contra de todos los consensos y recomendaciones del exterior, elige obviarlas, ya sea por rebelde o por cómplice, poniendo en juego la estabilidad de su país.