Gustavo Domínguez
Quito, Ecuador
Si observo con fidelidad este juramento, séame concedido gozar felizmente mi vida y mi profesión, honrado siempre entre los hombres; si lo quebranto y soy perjuro, caiga sobre mí la suerte contraria. Es así como sabiamente reza la última oración del juramento hipocrático. Juramento que efectúan los profesionales de la salud antes de empezar sus prácticas con pacientes, y aún con frescas ilusiones de ejercer su profesión con inocencia y pureza, como también se invoca en una estrofa del juramento en su versión clásica. Este compromiso ético, resalta la intención de los médicos de no rehuir de su responsabilidad con la sociedad, y su predisposición , si es necesario, de comparecer ante un tribunal.
El problema radica en el camino que se debe tomar para hacer cumplir ese juramento. La búsqueda del mecanismo idóneo que nos lleve a cumplir con los requerimientos de una sociedad organizada en derecho y en justicia. La buena intención del ejemplo citado por el Presidente en la última sabatina, al comparar a un Ingeniero que se invoca en situación de emergencia para rescatar un puente a punto de sucumbir, no es suficiente, y menos aún justa para comparar la práctica de un médico; especialmente aquellos especialistas dedicados a la cirugía, emergencias, ginecología, y tantas otras especialidades que a diario se enfrentan con decisiones y circunstancias entre la vida y la muerte de sus pacientes. Un ingeniero se podrá enfrentar en su vida con la construcción o rescate de 20, 30, 40 edificios o puentes. Recuerdo que ese era el número de emergencias o de cirugías que mi padre tenía que atender en el transcurso de una semana en el hospital o centro de salud en el que laboraba. Igual que él, seguramente existen miles de galenos a lo largo de nuestra patria. Profesionales que a diario se enfrentan con circunstancias extremas que incluyen desde el estado de los pacientes, la calidad de las medicinas, el equipo médico que se utiliza, y por que no decirlo, hasta las dolencias ocultas y pre existentes que un paciente y su familia muchas veces ignora.
Es así que el peritaje que ha sido propuesto por algún asambleísta es tan absurdo, como el mismo articulado original. Un error médico, en caso de ser ese el caso, no puede ser investigado mediante un expedito peritaje, se requiere de una investigación más extensa, más profunda y de la consideración de factores médicos, institucionales y estadísticos, que no podrán ser resueltos en los plazos que los procedimientos judiciales determinan para la realización de un peritaje y la conclusión en un fallo por parte del juez. La investigación de malas prácticas médicas requiere ser institucionalizada. Demanda de un organismo especializado que aglutine profesionales expertos y dedicados específicamente a la investigación médica. Este organismo debe resolver e investigar denuncias de la ciudadanía bajo una serie de consideraciones que van más allá de la ligereza por hacer justicia a familiares que sufren por un lamentable caso como el que ocupa a nuestros legisladores.
El resultado de la investigación que este organismo determine, podría dar las bases para que el caso sea judicializado; con las respectivas responsabilidades de carácter penal o civil. Pero jamás debe un juez y un perito especialmente designado para el caso, ser quienes originalmente tengan en sus manos la reputación y el futuro de los profesionales de la medicina.
@gusdominguezm