Carlos Sánchez Berzaín
Miami, Estados Unidos
Lo que está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua para permanecer indefinidamente en el poder es simplemente imponer su autoridad violando la legislación vigente, cambiándola a su interés y conveniencia, rompiendo una vez más la institucionalidad y el Estado de Derecho. Violando la Constitución con el pretexto de reformarla, haciendo lo que está expresamente prohibido. Está dando un «golpe de estado», que es la toma o la permanencia en el poder político vulnerando la legitimidad institucional establecida, es decir violando las normas legales de sucesión y alternancia en el poder que manda la Constitución. Aprobada la reforma constitucional que pide Ortega, el golpe de estado se habrá consumado.
La Constitución de Nicaragua prohíbe la reelección, pero para burlar este principio Ortega había dado ya un golpe de estado usando una sala de la Corte Suprema de Justicia que declaró «inaplicable» tal prohibición (¡declaró inconstitucional la Constitución!) y le permitió ser candidato en la elección de 2011, en la que retuvo el poder con graves acusaciones de fraude. A partir de esa maniobra de utilización política del sistema de justicia que emitió una decisión a todas luces ilegal y parcializada con Ortega, Nicaragua ya había perdido su democracia. El régimen incumplía por lo menos tres de los elementos esenciales de la democracia: el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, la celebración de elecciones libres, y la separación e independencia de los poderes públicos.
Ahora Daniel Ortega ha decidido ejecutar la «maniobra final para permanecer indefinidamente en el poder». Ha enviado a la Asamblea Nacional (bajo su control) una propuesta de reforma a la Constitución en la que pide eliminar dos protecciones constitucionales que establecen que «no puede ser presidente del país quien ha ejercido el cargo en dos ocasiones» (el caso de Ortega) y «que no está permitida la reelección consecutiva». Pero además ha incluido la eliminación de la segunda vuelta para poder ser elegido con una «mayoría mínima de votos». Así Ortega podrá hacer fraude de por vida, institucionalizar su dictadura y presentarse como si fuera democracia.
Un dictador es una persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y los ejerce sin limitación jurídica. Es el individuo que en ejercicio del poder y para perpetuarse indefinidamente en él, ha rebasado la ley, se ha puesto por encima del Estado de Derecho y de la institucionalidad. La principal tarea de un dictador es mantenerse indefinidamente en el poder. Para esto, Daniel Ortega está llevando adelante «un golpe de estado con nombre de reforma constitucional» buscando la «reelección indefinida» y «eliminando la segunda vuelta electoral». No quedará ningún vestigio de democracia en Nicaragua. Cuando se apruebe esta violación pedida por Ortega, Nicaragua se igualará con las dictaduras del Siglo XXI ya integradas por Venezuela, Ecuador y Bolivia, que siguen el modelo cubano.
Este no es un nuevo guión, ni mucho menos, es sólo el acto de cierre de la fórmula utilizada en Venezuela por Chávez y Maduro y proyectada en Bolivia por Morales y en Ecuador por Correa. Todos estos gobernantes que una vez en el poder, dieron sucesivos golpes de estado, cambiaron las normas fundamentales, violaron y suplantaron las constituciones de sus países con el propósito de ejercer el poder total y ser reelectos indefinidamente.
Es la franquicia totalitaria del socialismo del Siglo XXI o Alba, hoy en acción en Nicaragua y que amenaza a países como Honduras, El Salvador y otros, donde este proyecto antidemocrático disfrazado de populista y antiimperialista trata de ganar elecciones para luego -con sucesivos golpes de estado- terminar con la libertad de los ciudadanos. Recordemos a Alexis de Tocqueville: «Cuando el jefe de Estado es reelegible, el Estado mismo es el que intriga y corrompe».
*Abogado y politólogo boliviano. Es director del Interamerican Institute for Democracy