Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
El gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que estudia la posibilidad de desistir de presentar cargos en contra de Julian Assange. Esta posición abre una oportunidad para terminar el impasse que mantiene el Ecuador con los gobiernos del Reino Unido y Suecia por el asilo diplomático que le fue concedido al hacker australiano. Este último lleva ya más de un año viviendo en nuestra misión diplomática en Londres.
Las dudas que le ha entrado al gobierno de los Estados Unidos con respecto a su original intención de enjuiciarlo a Assange tienen una explicación. Si bien el hacker australiano es un personaje hostil y nada querido por Washington, ello no lo convierte necesariamente en un delincuente o algo parecido al que se lo pueda simplemente enviar a prisión. A muchos, esto puede parecerles raro o hasta mentira, pero la antipatía que le tenga el gobierno estadounidense a un individuo no se traduce inevitablemente en su encarcelamiento.
Para presentar cargos en contra de Assange la Fiscalía deberá ofrecer indicios y evidencias casi irrefutables de haber cometido serias infracciones. Esto se ha complicado luego de que concluyó el juicio que se le siguió al sargento Chelsea Manning por haber entregado a WikiLeaks, la organización que lidera Assange, miles de correos diplomáticos secretos del gobierno de los Estados Unidos. Información que fue luego divulgada por el mencionado activista. La jueza militar a cargo del caso, aunque lo condenó a Manning, rechazó la grave acusación de la Fiscalía de “colaboración con el enemigo” cuando proveyó esos documentos a WikiLeaks. Ella dejó entrever que esta organización se asimila a un medio de comunicación, y no a un enemigo de su país.
Esta determinación constituye un enorme obstáculo para los planes del gobierno estadounidense de enjuiciarlo a Assange. El hacker australiano podrá cobijarse fácilmente en la protección que brinda la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos a la libertad de expresión, que incluye la diseminación de información de interés público. Y no será difícil convencer a una corte de que los cientos de cables y oficios que fueron divulgados contenían ese tipo de información. Así vistas las cosas, para la Fiscalía estadounidense esto puede significar meses de litigio y considerables recursos económicos desperdiciados, a cambio de un resultado bastante incierto.
Claro que este extremado cuidado que deben tener las acusaciones criminales es algo desconocido en algunos países. Allí donde impera la política de que “el Estado no debe perder ni un juicio”, y en el evento de perder uno los jueces y magistrados que así decidieron son suspendidos sumariamente bajo la sospecha de haber delinquido, todas estas “sutilezas” deben ser difíciles de comprender. Pero esa es la realidad en muchas naciones.
El gobierno debería aprovechar esta oportunidad. La posición de Assange de que el gobierno estadounidense lo iba a condenar a muerte nunca tuvo asidero. Con base en las nuevas circunstancias es el momento de que el señor Assange viaje nomás a Suecia y responda a las acusaciones de abuso sexual por las que allá es buscado.