Eva Vergara
Santiago de Chile, Chile
Si las elecciones presidenciales del domingo las gana la socialista Michelle Bachelet como se prevé, deberá sortear enormes presiones para hacer cambios estructurales en el sistema electoral, los impuestos y la educación.
La candidata tendría la histórica oportunidad de cambiar la Constitución chilena que legó el dictador Augusto Pinochet para sofocar las presiones populares y estudiantiles que quiere darle participación electoral a partidos minoritarios, aumentar las jubilaciones, gravar con más impuestos a las empresas y reformar la educación superior para que sea pública, gratuita y de mejor calidad.
La viabilidad de su programa depende de los votos que negocie en el Congreso y que se sumen a la mayoría parlamentaria que obtuvo en las elecciones parlamentarias de noviembre, pues algunas reformas tienen que superar un umbral de votación de dos tercios de los votos porque la dictadura dejó amarrado los cambios constitucionales a esas altas votaciones.
«Llevamos 23 años de democracia y los problemas de hoy no son los de la transición, mientras más avanzó Chile en el tiempo, los problemas eran mucho más estructurales y la gente quería cambios estructurales», dijo el académico de la Universidad de Santiago de Chile, Bernardo Navarrete.
La casi certeza del triunfo de la ex mandataria proviene del 47% de sufragios que obtuvo en la primera vuelta electoral de noviembre frente al 25% de su rival oficialista, Evelyn Matthei, que en su acto de cierre de campaña reconoció que si gana «va a ser un milagro».
Estas reformas no se hicieron cuando terminó la dictadura porque los gobiernos de la llamada ‘transición’ tardaron en negociar otros cambios constitucionales como suprimir la figura de los nueve senadores designados por Augusto Pinochet, cuatro de las Fuerzas Armadas, y la figura de los senadores vitalicios, mediante la que el dictador fungió como tal por ocho meses.
Las demandas sociales han sido impulsadas por las multitudinarias marchas estudiantiles. Cinco de los dirigentes estudiantiles fueron electos diputados pero analistas dan por descontado que las manifestaciones seguirán.
El principal fracaso del presidente Sebastián Piñera fue el manejo de las protestas de los universitarios, quienes hicieron huelgas y se tomaron escuelas y provocaron un cambio de gabinete. Su índice de aprobación, que se encontraba en buena salud por el rescate de los 33 mineros, se fue al piso.
Matthei, rival conservadora de Bachelet, se opone a las reformas. Dice que la educación gratuita para el 10% más rico de la población implicará un derroche de 3.500 millones de dólares anuales y que los cambios tributarios afectarán a pequeñas y medianas empresas.
Otras políticas separan diametralmente a las candidatas como el aborto. Mientras Bachelet es partidaria de legalizarlo cuando la vida de la mujer corra peligro, o el feto no sobreviva o cuando el embarazo sea producto de una violación, Matthei se opone.
El matrimonio homosexual no es rechazado por Bachelet pero si por Matthei, que apoya legalizar y regular las uniones de personas no casadas, sean homosexuales o heterosexuales. Bachelet dice que someterá el tema a una consulta popular. Según los resultados, presentaría un proyecto de ley.
«Se equivocan quienes creen que yo no quiero cambios, yo quiero cambios revolucionarios en la vida diaria de las personas», dijo en un debate televisado el martes. Agregó que no quiere que el Congreso pierda el tiempo discutiendo reformas constitucionales.
El primer gobierno de Bachelet, pediatra, agnóstica, separada y con tres hijos, se caracterizó por ampliar los beneficios sociales al dar salud gratuita a mayores de 60 años, aumentar las pensiones y ofrecer una jubilación a las amas de casa.
Pero también enfrentó protestas de los estudiantes de secundaria cuyas demandas no resolvió porque desmovilizó el movimiento creando un comité que no satisfizo las demandas de aquella época.
También enfrentó la ira de la Iglesia católica por permitir la distribución de la píldora del día después. En noviembre, la historia pareció repetirse: poco antes de la primera vuelta, la Conferencia Episcopal, junto con políticos y aliados, exhortaron a no votar por candidatos que estuvieran de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales y el aborto en los casos señalados.
El llamado no afectó la votación de Bachelet en un país de 17 millones de personas, cada vez más secular, antes considerado el más conservador de América Latina.
En 2004 el Congreso aprobó una ley que permitió el divorcio y las encuestas sugieren que los postulados conservadores los siguen una élite conservadora. También se aprobó una ley contra la discriminación luego de que un hombre gay fuera asesinado.
Su coalición de centroizquierda obtuvo 21 de 38 senadores y 68 de 120 diputados.
Esa mayoría le permite aprobar un alza tributaria gradual de 20 a 25% a empresas, con la que espera recaudar 8.000 millones de dólares necesarios para financiar la reforma educacional con la que espera vencer la profunda desigualdad social chilena acrecentada en la dictadura.
«La desigualdad de ingresos es la más elevada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 20% superior de la población gana 13 veces más que el 20% inferior», dice esa organización que reúne a una treintena de países ricos, incluidos Chile y México.
Para cambiar el sistema educativo necesita conseguir una alta votación y está a un voto de conseguirla. Sus planes tributarios tienen al empresariado resignado. El precio del cobre, del que Chile ostenta el título de mayor productor del mundo, cayó y sus costos de producción crecieron.
Bachelet apoyó a la autoridad ambiental cuando detuvo la construcción de una mina en Pascua -Lama de la multinacional Barrick Gold, que cuesta más de 8.000 millones de dólares, hasta tanto no cumpla con la ley chilena. Hace ocho años, bajo una ley medio ambiental más laxa, Bachelet aprobó la creación de más de 40 termoeléctricas.
Ahora enfrentará una aguda crisis energética si no autoriza aumentar la capacidad instalada.
Cuando estuvo a cargo del programa ONU-Mujer, Bachelet no dejó a sucesores políticos y su apoyo cayó al 20%. Pero un silencio político estratégico y la caída de Piñera la catapultaron al primer lugar de las presidenciales.
Ahora es la líder del «bacheletismo» y logró ampliar su coalición al incluir al Partido Comunista, que desde el retorno a la democracia no había vuelto al gobierno.
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Eva Vergara es periodista de Associated Press.