Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
Los presidentes dictadores que poblaron el mapa de América Latina a inicios del siglo XX, desde los Trujillo hasta los Gómez, deben estar festejando donde se encuentren al ver cómo cien años más tarde su estilo de ejercer el poder de una forma ilimitada, paternalista, omnisciente y personalista, ha regresado a la región. Era el legendario modelo de la “Banana Republic”, donde un solo capataz, elegido democráticamente o impuesto por la fuerza, era administrador, legislador y juez a la vez, como un dios trino, y donde lo grotesco y lo ridículo terminaban por ser aceptados y hasta aplaudidos.
La reciente reforma que le permite a Daniel Ortega ser reelecto indefinidamente es un síntoma de ese regresar de las “Bananas Republics” como modelo de organización política, y que muchos –incluyendo a Woody Allen– habrían pensado que eran cosas del pasado.
El camino trazado por Ortega permitirá que se entronice en Nicaragua un poder al estilo de aquel que tuvo Anastasio Somoza Debayle, conocido como Tachito, uno de los presidentes dictadores que han pasado por esa nación centroamericana. Elegido en las urnas en el 2007 para cinco años, bajo una Constitución que prohibía expresamente la reelección presidencial inmediata, y no teniendo los votos necesarios en la Legislatura para aprobar una reforma constitucional que eliminase esa prohibición, a Ortega se le ocurrió presentar un amparo contra la prohibición constitucional a la reelección presidencial inmediata ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema. En cosa de horas, dicho organismo –controlado por Ortega– aceptó en el 2009 semejante demanda alegando violación de los derechos humanos de Ortega.
Gracias a su control del sistema judicial, que le permitió también perseguir a la oposición, y de las instituciones electorales, Ortega fue reelegido en el 2012 pese a una prohibición constitucional. (El juicio que en contra suya iniciara su hijastra por violación y abuso sexual había sido declarado judicialmente prescrito…). Y ahora la vergonzosa sentencia de la Corte Suprema del 2009 ha sido legitimada por una nueva Legislatura, esta sí controlada por Ortega, que ha eliminado dicha prohibición haciendo posible su reelección en el 2017.
La reforma aparece entre los 40 cambios introducidos al texto constitucional, y entre los que se incluye la posibilidad de que los militares ejerzan cargos propios de civiles en las aduanas, la Corte Suprema, los organismos electorales, etcétera, así como referencias respecto de la reciente sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre la disputa con Colombia por los límites marítimos.
Ortega, quien ya fue presidente de Nicaragua entre 1985 y 1990, se apresta así a gobernar Nicaragua por un tiempo igual o mayor al de Tachito Somoza, y con una forma de ejercicio del poder político dictatorial no muy diferente al de este último. Una forma a la que Ortega y su partido, el Sandinismo, tanto combatieron, pero que terminaron por imitarla. Como se recordará, el anterior Tachito fue eventualmente derrocado por una revolución que se cansó de tanto abuso de poder y persecución política, para terminar siendo asesinado en Paraguay, adonde se había retirado.
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