Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador
Desde hace quince años están prohibidos los créditos a personas vinculadas con un banco. Concederlos es peculado. En adición, desde la consulta popular de 2011 se prohibió que los banqueros sean accionistas de empresas ajenas a la actividad financiera. Entonces, la posibilidad de que un banco entregue créditos a empresas de propiedad de sus accionistas o administradores es, según la ley, prácticamente nula, a más de constituir un delito.
Resulta por eso a primera vista inentendible que en el texto finalmente aprobado por la Asamblea del proyecto de ley para el cierre de la crisis bancaria de 1999 se haya introducido una reforma a la ley de instituciones financieras (que no constaba en el proyecto original del Ejecutivo) en virtud de la cual si un banco entra en liquidación y es acreedor de empresas de propiedad de sus accionistas o exadministradores, esas deudas pasan a tener privilegio para el cobro, aun por sobre los créditos hipotecarios.
Inentendible por lo inútil, pues ya está dicho que los préstamos a vinculados están prohibidos y además los banqueros no pueden tener empresas por fuera de la actividad financiera.
Pero lo que a primera vista luce inútil tiene un perfume inocultable a dedicatoria, si se encuentra luego una transitoria según la cual tales reformas «… se aplicarán inclusive respecto a las instituciones del sistema financiero que a la fecha de su promulgación se encuentren en liquidación…», lo que significa, por ejemplo, que a un actual acreedor hipotecario se le pudiera pulverizar su garantía si quien le debe es a la vez deudor vinculado a un banco en liquidación. Linda manera de dar efecto retroactivo a una ley, en franca violación no solo de una genérica seguridad jurídica sino de concretos derechos adquiridos de concretos acreedores que entregaron préstamos confiando en contar con garantías adecuadas.
Si esta vergonzosa idea no es vetada por el Ejecutivo, debería explicarse al menos a quién beneficia y a quién perjudica. Si el perjudicado es un banco debería explicarse también si el Estado va a compensarle las reservas (provisiones) que deberá hacer por el incremento del riesgo de ese crédito.