Personas independientes “universalizadas” que trabajan para el Estado

Ana Belén Cordero
Washington, Estados Unidos

La Resolución 464 de 29 de enero de 2014^[1] del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) dispone que deberán afiliarse desde el primer día en que se realice la solicitud las personas que tengan ingresos sin relación de dependencia. Esta Resolución es enfática al señalar que se verificará, mediante un cruce de información con el Servicio de Rentas Internas (SRI), Ministerio de Relaciones Laborales y demás entidades públicas, si el usuario se desafilia del sistema sin haber sufrido una pérdida de sus ingresos. Señala además que el IESS procederá a realizar entonces el cobro de los aportes adeudados por recargos, intereses y multas correspondientes.

Se desata entonces una lluvia de preguntas. ¿En base a qué ingreso se determinará mi contribución al IESS? Señala la referida resolución que la aportación se calculará en base a la facturación mensual declarada al SRI teniendo en cuenta como base presuntiva un monto no menor al salario básico unificado.

Adicional a ello existen jubilados que también facturan – asesorías o consultorías eventuales.

Me pregunto: ¿Cómo se aplica aquí esta Resolución? ¿Deben volver a aportar?

Hasta el año 2013, la afiliación al IESS para trabajadores que no se encontrasen en situación de dependencia laboral era voluntaria, a partir de hoy ha dejado de serlo. Hoy el Estado establece un porcentaje fijo de aportación al IESS a un ciudadano que percibe un ingreso variable. ¿Ocurrencias no?

¿En base a que? La Resolución dice que considera el artículo 371 de la Constitución que señala que el IESS se financiará entre otros rubros, “de los aportes de las personas independientes aseguradas” – hoy no sé qué tanto nos queda de independientes a las personas-.

Esta resolución trata desigualmente a los actuales y potenciales contribuyentes del IESS. Aunque actuarialmente para el IESS represente el mismo porcentaje de aportación, existe una gran diferencia en cuanto al monto de contribución. Todos aquellos quienes se encuentren en relación de dependencia deberán aportar únicamente un 9.45% (si, ya cambió) y su empleador el 11.05%. Mientras que “las personas independientes” que presten servicios profesionales sin una relación laboral directa deberán aportar por ellos mismos el 20.5% de sus ingresos mensuales.

Entonces hagamos la cuenta: 20.5% para el IESS, 10% de retenciones al impuesto a la renta, su correspondiente pago, que puede llegar hasta un 35% según sea el caso, 15% de participación y adicional a ello, los distintos impuestos indirectos y tasas.

Tras algunos episodios de este gobierno -que no dejan de sorprenderme- éste me indigna. El actual gobierno castiga a los emprendedores y trabajadores independientes y le impone un costo fijo a un ingreso variable. Está claro el mensaje que el gobierno nos envía en esta ocasión:

“Queremos empleados y subordinados”.

Me siento como si volviese a tener ocho años y mi mamá me daba 400 sucres a la semana para la colación. Ella me aconsejaba en qué alimentos es mejor gastar mi dinero, pero nunca me lo impuso, era sólo un consejo.

Hoy el gobierno me ordena, qué porcentaje de mis ingresos –y vaya porcentaje– debe llevarse para él decidir en qué invertir por mi (yo aparentemente no puedo hacerlo sola). Y como si fuera poco decide que es mejor invertir en su sistema de salud pública antes que en un proveedor privado, de mi elección. ¿No pensaron en que quizás, yo no quiera aportar a ningún proveedor de salud y prefiera gastármelo en lo que a mi se me ocurra? Finalmente es mi sueldo, ¿o ya no?

Claro, asumo, el gobierno necesita dinero. El IESS también lo necesita para cumplir sus ofrecimientos, como por ejemplo, el brindar cobertura a los cónyuges/parejas e hijos hasta los 21 años de los afiliados sin incrementar significativamente el aporte del Estado ecuatoriano a la caja del IESS. ¿Por qué yo tengo que financiar los ofrecimientos del gobierno? Veamos porque:

Según un informe de la Dirección Económica del Seguro Social para marzo de 2012 eran $2,776 millones de dólares los que el Estado le debía al IESS. En abril de ese mismo año el IESS y el Ministerio de Finanzas firmaron un convenio para pagar únicamente $1,556 millones de dólares de los cuales un 84% se pagó en bonos – los cuales fueron autorizados por Pedro Delgado (el ex Presidente del Banco Central) y el restante 16% en efectivo. Estos bonos tienen un plazo de 12 años, con 6.5 años de gracia en los que se paga el interés y un 7.5% de interés fijo anual.

Se conoce que a partir de abril de 2012 Finanzas empezó a emitir bonos –es decir más deuda– para pagar los aportes y hasta finales del 2012 pagó 398 millones en más bonos. Cuando el artículo 290 de la Constitución en su numeral 3 manda que ¨Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversion” (lo subrayado me pertenece).

Pero todas estas operaciones se han mantenido reservadas al amparo de lo que dispone el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que permite declarar secretas y reservadas algunas operaciones de endeudamiento público. Por ello las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil no tienen registradas dichas emisiones de papeles.

Aunque Fernando Cordero diga enfáticamente “El Estado no debe ni un sólo centavo al IESS” yo quisiera conocer cuándo se han recibido los pagos de intereses pactados en los bonos y el pago de los restantes 1220 millones de dólares que debe el Estado al IESS desde 2010.

En América Latina son muchos los países que ya entendieron lo que en palabras de Jose Piñera es la seguridad social:“La seguridad social –sin duda, es el mayor de todos los monopolios estatales existentes– era un sistema inspirado en esa lógica que hace depender a las personas del Estado, ese «ogro filantrópico» descrito por Octavio Paz” y optaron por un sistema distinto de ahorro y hoy se encuentran a la cabeza del crecimiento en América Latina y envidiablemente muchos de ellos forman parte de la Alianza del Pacífico.

En paises como Chile, Perú, Colombia, Uruguay, México, Bolivia, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana ya existe el sistema AFP de capitalización individual, administración privada y rol subsidiario (regulatorio y solidario) del Estado donde ya hay más de 70 millones de trabajadores con una cuenta de ahorro para la vejez y fondos de pensiones que alcanzan los $250,000 millones (aproximadamente un 16% del PIB total). En Chile, este sistema permitió que del capital total en las cuentas de ahorro, solo un 23% corresponda a los aportes de los afiliados y el restante 77% tenga su origen en la rentabilidad de los fondos.

Pero no, nosotros preferimos la universalización de la seguridad social. Así, a mi que no me universalicen nada.