Jesús Ruiz Nestosa
Salamanca, España
Los únicos que no se han enterado hasta el momento de la situación real que se está viviendo en Venezuela son los gobiernos de la Unasur y del Mercosur (con excepción de Paraguay) además del cúmulo de organismos internacionales que se crearon en el intento de neutralizar la influencia que podría alcanzar la OEA en nuestro continente. Se ha dicho ya hasta la saciedad que el exagerado rigor que pusieron en su momento para sancionar a nuestro país, se convirtió en una exagerada permisividad cuando les tocó el momento de enjuiciar lo que sucede en Venezuela. A pesar de ello nunca está de más recordarlo ahora y en todas las oportunidades futuras.
A Nicolás Maduro la morcilla se le está poniendo negra (es un decir ya que aquí la morcilla siempre ha sido negra) al extremo que incluso la Iglesia de su país se ha pronunciado en términos muy duros para condenar la violencia con que se lleva a cabo la represión de los grupos de gente que han salido a protestar a causa de hechos que son objetivamente verificables: la inseguridad en las calles, el altísimo nivel de criminalidad (uno de los más altos del mundo), la carestía de productos necesarios para la vida cotidiana, la escandalosa inflación y la supresión de muchas libertades individuales.
Hace un par de días, y como respuesta a la preocupación de la jerarquía eclesiástica, aunque sin mencionarlo directamente, Maduro decidió crear un organismo para velar por el respeto a los derechos humanos en Venezuela. La comisión la componen quince personas: el vicepresidente Jorge Arreaza, funcionarios de los ministerios de Interior, Defensa, Comunas, defensora del Pueblo, la fiscal General y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (que se han declarado en varias oportunidades “chavistas”), dos diputados designados por la directiva de la Asamblea Nacional (también en manos de “chavistas” declarados) y tres representantes de organizaciones civiles con trayectoria en la defensa de los derechos humanos. No se especificó quiénes elegirán a esos tres civiles ni cuáles son las que poseen esa trayectoria ni quienes la determinarán. En el mejor de los casos, en el momento de las decisiones, siempre serán tres contra doce. Tampoco hay garantías que gocen de algún tipo de inmunidad o inamovilidad, ya que el Gobierno no tiene reparos en expulsar incluso a gente que ocupaba puestos gracias a elecciones calificadas como “libres y democráticas” por parte del sistema. Resumiendo: al ver cómo se ha concebido la creación del mentado organismo destinado a velar por el respeto a los derechos humanos, será como poner al zorro a cuidar de las gallinas.
Si los gobiernos regionales, especialmente aquellos que le deben algún reconocimiento al Gobierno de Venezuela, por los “favores” prestados, ya sea en forma de maletines o de compras de bonos o compra de deuda, han decidido mirar hacia otro lado mientras encapuchados fieles al régimen matan a quienes decidieron salir a protestar en contra de las deplorables condiciones de vida que les imponen, otros países han tomado ya sus precauciones. El Gobierno español decidió suspender por tiempo indefinido la venta de material antidisturbios a Venezuela. A propósito de esta medida se pudo saber que durante el primer semestre del año pasado, del que ya existen estadísticas oficiales, Caracas compró este tipo de material por valor de 2,6 millones de euros y que constituye más del 50% del total autorizado para todo el mundo de estos equipos.
Si Venezuela ha estado haciendo acopio de este tipo de elementos es evidente que no fue para espectáculos de fuegos artificiales de fin de año, sino para dirigirlo contra su propia población cada vez que ella decida lanzarse a la calle a reclamar, en este caso, mejores condiciones de vida. La creación de cualquier comisión que tenga por objetivo velar por la integridad y respeto a los venezolanos no será otra cosa que un gesto cargado de hipocresía con la intención de engañar no solo a sus propios ciudadanos sino también a quienes, desde afuera, asisten preocupados al naufragio de un país motivado por una experiencia política que, desde sus inicios, estuvo destinada al fracaso porque sus dirigentes no se dieron cuenta de que a través de la historia y en diferentes partes del mundo, experiencias similares siempre terminaron en el colapso. Parece que es necesario estrellar la cabeza contra el muro para convencerse de la dureza de la piedra.
* Jesús Ruiz Nestosa es periodista paraguayo, su texto ha sido publicado originalmente en el diario ABC Color, de Paraguay.