Héctor Yépez Martínez
Guayaquil, Ecuador
Que el periodismo es “el mejor oficio del mundo”, como dijera García Márquez, difícilmente puede afirmarse hoy en Ecuador. El periodismo acá se ha vuelto actividad ilícita. Como se ha vuelto ilícito el derecho humano a protestar, a disentir, a investigar, sea desde los periódicos, los canales y las radios, sea desde el campo y la calle, o sea desde la misma Asamblea Nacional, que de foro de fiscalización ha pasado a ser auditorio de un puñado de opositores invisibles y una legión de aplastadores de botón.
Muchos lo advertimos: la Ley de Comunicación, vendida con el omnipresente megáfono de propaganda oficial, ejecutada por autoridades obedientes a Carondelet, sirve de arma legal para aplastar la disidencia. Con ello, se consolida en Ecuador un autoritarismo que se elige con votos, para luego deslegitimarse en el ejercicio arbitrario y selectivo de un poder que ha acaparado todos los rincones del Estado. De ahí la importancia que el 23 de febrero —día en que el régimen perdió en 9 de las 10 alcaldías más pobladas del país— representa para construir un balance democrático en Ecuador.
Hasta ahora, casos como El Universo, el Gran Hermano y Bonil han sido comprensibles en la pretensión maquiavélica de mantener la fuerza y neutralizar la crítica periodística. Lo mismo han intentado todos los caudillos de nuestra historia. El más reciente, Febres Cordero. Pero esta pretensión jamás se justifica si viola derechos humanos, si asfixia el pluralismo para imponer una verdad única y si sustituye la respuesta legítima por la censura.
Ahora vivimos un fenómeno peor. Hoy sancionan a Extra por publicar mujeres provocativas en el Lunes Sexy y a Alfredo Pinoargote por decir “negro” en Contacto Directo. Los burócratas de la Superintendencia de Comunicación pretenden erigirse en inquisidores de la moral pública. El colectivo GLBTI, entusiasmado por los precedentes, ha denunciado a Mi Recinto, Vivos, En Carne Propia y La Pareja Feliz, entre otros programas de TV, acusándolos de discriminación. Qué paradoja: una minoría que siempre ha sido víctima del injusto desprecio a sus libertades, hoy se amontona con el poder para perseguir las libertades de los demás. Confunden derechos con venganza. Que esos programas sean, en su mayoría, bastante mediocres, no legitima censurarlos. Desde la opinión política hasta el humor, el periodismo solo sería “el mejor oficio” en Ecuador si se acepta la salvedad del propio Gabo: “aunque se sufra como un perro”.
¿Por qué llegamos a esto? Porque el poder, cuando no tiene frenos, tiende a controlarlo todo. Primero apunta a los disidentes políticos. Luego se expande a todos los demás espacios de la vida social. Los toros, los casinos. El horario de fiesta, la cerveza del domingo. Después, la mujer en bikini, el chiste erótico, la parodia de pareja. Desde que el poder se dio cuenta de que pudo domesticar, sin resistencia, el derecho a la crítica en lo político, solo hay un paso hasta abalanzarse sobre derechos tan personales como elegir cuándo tomarme un trago, qué programa ver en mi casa o dónde gastar mi dinero.
Ahora bien, ¿hay esperanza? Con una oposición de número ineficaz en la Asamblea, con jueces administrados por los amigos del Presidente y con autoridades de control que miran a cualquier otro lado, el panorama luce sombrío. Pero sí hay esperanza en la astucia de los comunicadores: lo demostraron, genialmente, Pinoargote y Bonil. La hay en la inteligencia de los actores políticos y civiles: unos triunfaron el 23 de febrero, otros se organizan en Yasunidos. Y hay esperanza en la manifestación pacífica en la calle: que vuelva a bullir parece, acaso, solo cuestión de tiempo.
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Héctor Yépez Martínez es defensor de derechos humanos y activista en el movimiento SUMA.