Guillermo Lousteau
Miami, Estados Unidos
La reciente elección a la presidencia de Costa Rica de un candidato filiado como de izquierda o de centro izquierda, ha reactivado la discusión sobre izquierdas y derecha.
No se me escapa que es una distinción que ha funcionado y que significa una simplificación muchas veces muy cómoda. Pero es casi imposible de precisar: se puede ser de izquierda o de derecha en lo cultural, o en lo político o en lo económico, sin que estas posturas coincidan. Es frecuente etiquetar como derecha, por ejemplo, al conservadurismo y a los liberales por igual, sin advertir las brechas que los separa.
Para confundir más aún, por lo general las calificaciones de izquierdas y derechas suelen ser atribuidas por los adversarios, muchas veces con intentos descalificatorios.
Finalmente, para completar un cuadro de distorsión, el lenguaje aporta lo suyo. Llamamos progresista a cierta izquierda, sin saber exactamente por qué.
La elección de Solís ha llevado a preguntar, dado su supuesto origen de izquierda, si hay un giro en Costa Rica, que – sumado a la elección de Bachelet y a la más que probable elección de Tabaré Vázquez en Uruguay – preanuncia un vuelco de América Latina.
La pregunta – que se produjo también en los casos de Humala en Perú y de Funes, en El Salvador- carece totalmente de significado. Esa distinción no es funcional para el análisis y no agrega nada a la discusión.
Lo que realmente importa es distinguir modelos democráticos de aquellos que no lo son, aunque se proclamen como tales.
Mary Douglas, desde la antropología cultural, propuso diferenciar a las sociedades, como aquellas que se manejan por consenso y aquellas que se imponen por la mera mayoría. Robert Dahl identificó a estas últimas como populistas y Riker, a su vez, a las primeras como liberales. Esta diferencia caracteriza a los dos modelos que conviven en América Latina.
Por un lado, aquellas que respetan las instituciones que garantizan los derechos de todos, a través de la vigencia de la constitución y sus elementos limitantes del poder, sean hipotéticamente de izquierda o de derecha. Gobiernos asumidos de filiación izquierdista, como la Concertación chilena, el Frente Amplio, del Uruguay, o el PT de Brasil son Gobiernos respetables, desde el punto de vista de la democracia. Existen allí la separación de los poderes, la independencia del poder judicial, elecciones aceptadas como legítimas y libertad de prensa. Paradójicamente, esos países muestran muy buenos resultados en lo económico y social, donde sus políticas coindicen con las ideas económicas de la llamada derecha: apertura, libertad de comercio, control presupuestario, entre ellas.
El otro grupo, autocaracterizado como el «socialismo del siglo XXI», por el contrario impone una presunta elección mayoritaria como único elemento fundante de su «democracia», y no siente obligado de ninguna forma al respeto al resto del país.
¿Constituye esta mayoría una democracia, por sí misma? Nunca fue esto aceptado como legítimo.
El principio de legitimidad de la democracia es «el Gobierno del pueblo», que incluye tanto a la mayoría como a la minoría, y que debe estar garantizada en sus derechos constitucionales. Tanto como quien gobierna (el pueblo) importa cómo se gobierna. Por eso, Aristóteles había diferenciado entre dos Gobiernos posibles del pueblo, según la forma: la democracia y la demagogia, de acuerdo a cómo se ejercía ese mandato.
La democracia se caracteriza por el Gobierno del pueblo, pero un Gobierno limitado. Nadie había nunca pensado en un Gobierno donde la mayoría -que es la que toma decisiones- pudiera hacer lo que quisiera, sin restricciones.
García Márquez, aun desde su posición de izquierda, había rechazado a aquellos gobernantes que «montados en una mera elección popular, se proclaman democráticos». Posiblemente, la mejor descripción de la diferencia está contenida en el discurso de despedida del Presidente Oscar Arias, en el que dijo: «No se debe confundir el origen democrático de un régimen con el funcionamiento democrático del Estado. Hay en nuestra región Gobiernos que se valen de los resultados electorales para justificar su deseo de restringir libertades individuales y perseguir a sus adversarios. Se valen de un mecanismo democrático, para subvertir las bases de la democracia. Esta región, cansada de promesas huecas y palabras vacías, necesita una legión de estadistas cada vez más tolerantes, y no una legión de gobernantes cada vez más autoritarios»
Desde el punto de vista de la lógica, es posible que alguien sostenga el Gobierno de la mayoría sin restricciones. Lo que es imposible es sostener que ese Gobierno es democrático.
Eso es lo que establece la Carta Democrática InterAmericana, donde se consideran elementos fundamentales o esenciales de la democracia, las elecciones libres y transparentes, la separación de los poderes, la independencia del poder judicial y la libertad de expresión.
Bajo esas normas, de vigencia obligatoria en el continente, un grupo de países -no importa si de izquierda o de derecha- han dejado de ser democracias. Como han ya señalado Osvaldo Hurtado y Carlos Sánchez Berzain, constituyen «las dictaduras del siglo XXI», donde esos elementos esenciales ya no existen. En esta posición, coinciden aun los intelectuales de la misma izquierda. Reconocidos académicos han señalado que Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua ya no son democracias. Nada menos que LASA, entidad que agrupa a más de 7,000 expertos en América Latina -y con claras simpatías hacia la izquierda- se ha pronunciado en uno de sus últimas publicaciones en el mismo sentido.
Es que es imposible sostener que un Gobierno que no respeta la separación de poderes, donde la justicia está al servicio de la persecución política, y donde ya no existe la libertad de expresión, pueda considerarse una democracia, aunque provenga de una elección popular. Ese es el único y funcional criterio para discutir la legitimidad política: democracia contra no-democracias». El resto, es un mero ejercicio dialéctico.
**Presidente del InterAmerican Institute for Democracy