David Ochoa
Quito, Ecuador
La Constitución de Montecristi consagra el derecho a la libre movilidad de las personas, así como el principio de ciudadanía universal y el progresivo fin de la condición de extranjero. Se prohíbe tratar como ilegal a extranjeros irregulares. Entre el texto de 2008 y la realidad que vivimos, hay aún diferencias.
Un efecto directo de la ciudadanía universal fue levantar la exigencia de visa para turismo, por hasta 90 días, para ciudadanos de todos los países. Luego de un flujo migratorio que superó el plazo para estadía por turismo, el gobierno impuso visas de turismo para ciudadanos de varios países.
Los ciudadanos cubanos tuvieron libre ingreso al Ecuador desde 2009, pero tenían restricción de salida de su país: para poder salir de la isla, se pedía una carta de invitación emitida por un ciudadano, en este caso, ecuatoriano. Apenas el gobierno cubano levantó esa prohibición, se impuso el requisito de carta de invitación, pero para ingresar a Ecuador. Este requisito fue levantado a inicios de este año, pero en la práctica, ciudadanos cubanos han sido regresados a su país o han tenido que recurrir a medidas extremas y autoflagelantes, como cortarse las venas o embarrarse de excremento.
La situación irregular de miles de cubanos en el país, necesita una suerte de “dream act” similar al que Ecuador apoya para sus migrantes en EE.UU.
Otra experiencia viven extranjeros que se mudan a vivir al país, por su clima, su naturaleza y nuevas expectativas. Extranjeros viven, todo el año o por temporadas, en lugares como Cuenca, Loja, Otavalo, Santa Elena u otros. Muchos han logrado integrarse a la sociedad local, pero otros han recibido rechazo por temor. En algunos lugares, la respuesta de los extranjeros ha sido integrarse entre ellos, sin relacionarse con sus vecinos ecuatorianos.
Atraídos por una imagen de nuevas oportunidades y nuevas ideas, algunos extranjeros han invertido en Ecuador, pero algunos han visto su “sueño ecuatoriano” convertirse en una pesadilla de tramitología, recelo, excesivo nacionalismo o inseguridad ciudadana.
En enero de 2014, el Canciller Ricardo Patiño anunció reducción en tramitología para extranjeros que solicitaren visa de residente. La reforma depende de un Decreto Ejecutivo, que aún no firma el señor Presidente.
La Constitución de 2008 ordena la creación de consejos nacionales de igualdad, para asegurar que toda política pública considere particulares mecanismos para ciertos grupos de atención, entre ellos, personas en situación de movilidad humana, no solo ecuatorianos en el extranjero, sino sus familias, ecuatorianos que retornan y extranjeros que viven en el país.
Tras casi seis años, este mandato constitucional aún no se cumple. Hasta la aprobación de la ley de consejos nacionales de igualdad, sobreviven los consejos de los señalados grupos de atención prioritaria, pero sin capacidad de incidir en las políticas públicas transversales ni de línea que ejecuta el gobierno central.
Lamentablemente, no existe un consejo transitorio de igualdad para personas en situación de movilidad. El Viceministerio de Movilidad Humana, con la Defensoría del Pueblo, han brindado apoyo a ecuatorianos en el extranjero, especialmente tras la crisis en Europa, para evitar desahucios de viviendas, promover la dación en pago de la vivienda, al avalúo con que fueron compradas y, más recientemente, para evitar la pérdida de la paternidad de padres ecuatorianos que no pueden cuidar o dar sustento a sus hijos italianos.
Sin embargo, no existe institucionalidad que atienda a extranjeros afectados en Ecuador por discrimen, segregación, tramitología excesiva o inseguridad ciudadana o asegure su corrección en políticas públicas. Tampoco se ha integrado a ningún extranjero en otros mecanismos institucionalizados de participación ciudadana, como los consejos consultivos ministeriales o la Asamblea del Buen Vivir.
La Ley de Consejos Nacionales de Igualdad en trámite en la Asamblea, prevé la elección de los integrantes de esos consejos, mediante procesos administrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con la consiguiente demora.