Fabricio Villamar J.
Quito, Ecuador
La primera lección que debe aprender un político es el valor de su palabra. Si la respeta, se hace confiable para sus pares y dibuja en los electores la credibilidad necesaria de que su oferta se cumplirá. Si actúa según el viento, o según las leyes de oferta y demanda, pierde credibilidad, liderazgo y muy probablemente su carrera política.
Creo que la fuerza que el presidente alcanza en sus aventuras electorales viene del cumplimiento de su palabra en campaña. Es así como apenas asumió la presidencia aumentó el bono de desarrollo humano creado en el gobierno de Jamil Mahuad y amplió la cantidad de beneficiarios, restauró el crédito para los deudores morosos de hasta veinte mil dólares al Banco Nacional de Fomento, se bajó el sueldo, convocó a consulta para la reforma a la Constitución. Ésta congruencia entre la palabra y la acción le generó credibilidad.
El sábado pasado, en su catarsis emocional semanal, dijo que ya no subsidiaría competencias de otros niveles de gobierno, pues ni para sus obligaciones a veces le alcanza. Analizando lo dicho encuentro varios contenidos entre líneas.
En primer lugar, si no le alcanza la plata para cumplir con sus obligaciones, con un precio del petróleo sobre los ciento cuatro dólares normalmente, es decir, más de veinte y cinco dólares sobre lo presupuestado, en un país sin mayor inflación gracias a la imposibilidad que tenemos de devaluar el dólar, sin amenaza de guerra, sin crisis naturales o fitosanitarias que afecten al aparato productivo agrícola, es hora de preocuparse por el estado de la caja fiscal.
Otra reflexión necesaria es considerar si las llamadas competencias subsidiadas por el Gobierno Central nacieron de un acuerdo legal para el cumplimiento del plan nacional del Buen Vivir o si se trató de un subsidio voluntario, pues dicha acción estaría reñida con las normas de control del gasto público y sujeta a observación de la Contraloría. Yo sé. El chiste se cuenta solo.
Una consideración adicional a la perla en análisis consiste en determinar si estas competencias subsidiadas se dieron en todos los gobiernos locales, o quizás con más énfasis en aquellos de manos limpias, corazones ardientes y mentes lúcidas en la Administración. Yo me inclino a pensar que así fue.
La fórmula para asignar recursos a los gobiernos locales establecida en el COOTAD, establece tres parámetros: necesidades básicas insatisfechas, esfuerzo fiscal y nivel de gasto y en menor proporción el componente poblacional. Es así, que la fórmula funciona en detrimento de las ciudades de mayor población, a pesar de que de éstas se obtiene la mayor cantidad de recursos por concepto de impuestos. Es contradictorio, pero a mayor cantidad de habitantes, se recibe menos recursos por habitante comparativamente.
La inversión del Gobierno Central en los puentes de Guayaquil, Bahía y Esmeraldas justificó en mucho la votación que allí ha obtenido. Las escuelas del milenio son puntal en el discurso de reivindicaciones sociales del Presidente, quien olvida que la competencia de dotación de infraestructura educativa le corresponde a los municipios, pero que siendo tan rentables dichas construcciones, no sólo políticamente hablando, difícilmente las transferirá.
Si el Presidente cumple su palabra y no apoya obras imprescindibles en ciudades muy necesitadas, con seguridad perderá el respaldo electoral. Si apoya sólo a las alcaldías de su séquito, generará una sensación de rechazo aún mayor en Quito, Cuenca, Guayaquil, Manta, Riobamba, y muchas más, pues las odiosas preferencias se castigarán en votos.
Si Rafael cumple su palabra, se le acaban los votos.
Si Rafael cuida los votos, se le acaba la plata.
Pero aún hay algo peor. Puede perder la credibilidad y la plata al mismo tiempo.
Bélgica no es una mala idea en ese escenario.