Fabricio Villamar J.
Quito, Ecuador
Quito necesita solucionar su problema de movilidad. El metro es una posible solución, pero no la única. Así, lo responsable es tomar decisiones urgentes en función de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, sin sobre endeudar a la ciudad.
La propuesta de Metro para Quito nació de una oferta de campaña del anterior alcalde, la cual en cinco años no se cumplió. Tampoco se cumplió la previsión de que la segunda fase costaría mil trescientos noventa y ocho millones incluido material rodante, es decir los trenes. Las ofertas abiertas ésta semana no contemplan éste elemento fundamental del proyecto, que debía financiarse por parte del proveedor directamente.
Para que el proyecto de primera línea de Metro de Quito funcione, se estableció en los cálculos financieros que el pasaje del transporte público, buses incluidos, debía subir a cuarenta y cinco centavos, y que el costo del desplazamiento en el sistema, es decir utilizando los alimentadores y el metro, llegaría a los setenta y cinco centavos.
El Instituto de Pre inversión del Estado, financió un egreso de veinte y siete millones de dólares para los estudios de viabilidad técnica y financiera que ahora quedan en entredicho, pues el proyecto costaría mucho más de lo que durante cuatro años anunció Barrera.
En días anteriores El Excelentísimo Señor Presidente se adelantó a decir que no financiarían competencias de otros niveles de gobierno. Como la movilidad es una competencia asumida por la ciudad de Quito, difícilmente se conseguirán más recursos de los ya ofrecidos, de tal manera que el anuncio del actual Alcalde de Quito de dialogar con el Jefe de Gobierno no encontrará acogida.
Con éstos antecedentes, alguien debe decir lo obvio. El metro de Quito a los costos ofertados no es viable, a menos que lo asuma directamente el Gobierno Central, que anda empeñado en conseguir competencias que la Constitución del 2008 no le otorgó.
Recuerdo a los lectores, que en el Decreto Ejecutivo 750 de 28 de Abril de 2011 en su artículo 2, se dispone y autoriza al Ministerio de Finanzas para que arbitre las medidas para el pago de al menos el cincuenta por ciento del costo de la primera línea de metro de Quito, no setecientos cincuenta millones, sino la mitad de lo que cueste.
En su oportunidad advertí que el Concejo Metropolitano facultó al alcalde un endeudamiento máximo de 750 millones a ser suscrito con el Ministro de Finanzas, pero que al momento de firmar el convenio, en lugar de que conste la oferta de pago de “al menos la mitad del costo” como responsabilidad del Gobierno Central, se puso que la diferencia de valores, es decir, si costaba más, debería ser asumida por el Municipio de Quito. En ese caso, igual que en la devolución de valores no reembolsables para la repotenciación del trole, los funcionarios de Alianza País defendieron los intereses del gobierno Central y no de la ciudad que pagaba sus salarios.
La discusión sobre quién es responsable por hacer mal las cuentas termina siendo irrelevante, y debería ser investigada por la contraloría, pues habrían funcionarios que hicieron un trabajo deplorable a costo del erario nacional por varias decenas de millones de dólares, pero insisto, eso es irrelevante en este momento.
Quito requiere mejorar su transporte público con los recursos que tiene, sin esquilmar a sus habitantes. El Presidente de la República no se caracteriza últimamente por cumplir sus ofrecimientos, así que con él no se cuenta para la resolución de nuestros problemas.
Volvamos los ojos al trole. Hay que optimizar lo que tenemos y ampliar su cobertura. Pero sobre todo hay que mantener la dignidad de la ciudad. Que el Presidente cumpla su palabra. Si su partido perdió las elecciones aquí es otra historia, pero ésta ciudad merece lo ofrecido. Ni un centavo menos, ni un centavo más.