Jesús Ruiz Nestosa
Salamanca, España
La experiencia ajena no sirve para nada, ni siquiera para poner las barbas en remojo cuando veamos a nuestro vecino cortarlas. La presencia en territorio paraguayo del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es una ilustración clara de ello. Es necesario que nos rompamos a golpes las costillas para aprender la lección que no supimos aprender viendo cómo se rompían, y se siguen rompiendo, los demás.
En estos días, como parte de las conversaciones de paz que mantiene el Gobierno de Colombia con representantes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana, se han organizado encuentros entre las víctimas de esta guerrilla que lleva cincuenta años de existencia y los jefes “revolucionarios”. Mediante un proceso que no estuvo ajeno a la polémica, una oficina de Naciones Unidas seleccionó a sesenta personas que, de algún modo o de otro, fueron víctimas de esta lucha armada y, en grupos de doce, irán desfilando por la mesa de conversaciones.
Estos encuentros que buscan sellar la paz entre el grupo guerrillero –en realidad, grupo criminal– y el Estado colombiano, no cuentan con la simpatía de algunos y hay méritos para ello. Muchos no desean ver sentados en el Congreso a quienes hicieron de la muerte y la violencia su profesión ni verles transitar por los pasillos de la política sin haber pagado sus horrendos crímenes. Por otro lado, la guerrilla ha visto que la lucha solo les ha conducido a un callejón sin salida y que no podrán participar del proceso de cambio que tanto ansían porque ese proceso no se hace desde la selva y el Kaláshnikov. Además, habrán visto que sí se puede llegar al poder con menos esfuerzo, menos violencia y menos sangre, por otros caminos. Uruguay les puede servir de ejemplo donde un guerrillero tupamaro ha conseguido llegar a la presidencia.
Con motivo de estas conversaciones, el Centro de la Memoria Histórica de Colombia, que viene llevando un registro riguroso de esa violencia, desde que aparecieron las FARC en 1952, ha dado a conocer cifras estremecedoras que, curiosamente, ninguna ONG ni grupos de defensa de los Derechos Humanos ha condenado como lo han venido haciendo últimamente con motivo de la incursión del ejército israelí en suelo de Gaza.
En estos cincuenta años de lucha armada, en Colombia, han muerto 213.094 personas; solo el 19% eran combatientes. Es decir que 177.307 fallecidos eran civiles. Entre 1970 y 2010 fueron secuestradas 24.482 personas por la guerrilla y 2.541 por los paramilitares. Entre 1985 y 2012 se registraron 1.982 masacres con un total de 11.751 víctimas y en este mismo periodo hubo 1.754 víctimas de violencia sexual. El conflicto produjo el desplazamiento forzoso de 5.722.506 personas mientras las minas antipersonas provocaron 2.119 muertos y 8.070 heridos a partir de 1988. De manera ilícita 5.156 personas fueron reclutadas por ambos bandos. En síntesis, el pueblo, en cuyo nombre estas personas se levantaron en armas, terminó siendo su principal víctima y el que ha sufrido con todo su rigor una violencia que no ha conducido a nada. Tan inútil ha sido todo, que sus protagonistas han decidido buscar el modo más conveniente, para ellos, de abandonar la montaña y las armas, para vestir de corbata y sentarse en un cómodo sillón de senador o diputado.
En el primer encuentro entre la guerrilla y sus víctimas estuvo Costanza Turbay, que perdió a toda su familia como consecuencia de esta lucha. Dicen que en un receso de la reunión se le acercó el número dos de las FARC, Luciano Marín, alias Juan Márquez, y le pidió perdón diciéndole que lo de su familia “había sido un error”. Error es escribir “horeja”, así, con /h/, pero asesinar a toda una familia va mucho más allá de una lamentable equivocación.
Entre los temas espinosos de estas conversaciones figura la indemnización justa a las víctimas. ¿Se podrá hablar de indemnización justa a una mujer que perdió madre, padre y hermanos, asesinados nadie sabe en nombre de qué? ¿Cuánto puede valer una pierna, o las dos, pedidas por pisar una mina antipersonal?
La demencia producida por las ideologías radicales no conoce de límites. Así también, nunca dieron resultados más allá de la muerte y el sufrimiento. Ahora el experimento se ha trasladado a nuestro país, donde incluso hay organizaciones de Derechos Humanos que defienden a estos criminales.