Diego Ordóñez
Quito, Ecuador
El domingo 16 de noviembre se publica en El Comercio una entrevista al antiguo asesor de la derecha y ahora asesor de la izquierda, el secretario jurídico Mera, en la que, con la soltura de quien siente el control, sentenció el destino de la propuesta de consulta del colectivo “Compromiso Ecuador” liderado por Guillermo Lasso.
En la respuesta a la tercera pregunta, dice: “Según la Constitución no debe ser una consulta popular porque ya la Corte Constitucional dijo que no”. En la respuesta a la quinta pregunta, agrega que: “El señor Lasso ha hecho una consulta en el Consejo Electoral que deberá ser rechazada –entiendo yo- porque equivale a una enmienda que debe ir a la Corte Constitucional”.
Nadie en el gobierno ha tomado la precaución de no mostrar el temor a llevar a consulta popular un cambio tan trascendente. El mismo Mera, tan locuaz, se encarga de establecer el motivo cuando reconoce la pérdida de apoyo en la clase media, a la que se ha castigado y se seguirá castigando con impuestos.
Con la certeza de una consulta perdida, el propósito debe ser, sin reparar en la legalidad, ilegalidad, legitimidad e ilegitimidad, evitar que se lleve a cabo. Para ello sirve el aparato que se ha armado, para retorcer la ley, forzar su sentido o interpretarla en versión libre a fin que las “independientes” instituciones formulen sentencias o emitan resoluciones repletando de razón al interés político del presidente y su afán de perennizarse –y de sus áulicos que también-.
Ya la Corte Constitucional hizo lo suyo. Sentenció que el legislador constituyente no consideró a la “alternancia” como un elemento del sistema democrático y así se mandó por fundamento el Art. 3 de la Carta Democrática Interamericana, el Art. 1 de la Constitución y toda la tradición constitucional.
De los dichos de Mera, es claro que el Consejo Electoral expondrá en la negativa a entregar los formularios para recolección de firmas, la interpretación en el sentido que la reelección indefinida es cosa juzgada por la Corte Constitucional y así cerrar el paso a la consulta popular. El propósito de esa desfachatada argumentación es evitar a toda costa, sin límite ético, que Correa no sea nuevamente candidato –lo que Mera también confirma-.
Mera ha develado los argumentos “jurídicos” que usará el régimen y sus dependientes incrustados en otros órganos estatales para conseguir el objetivo político de la reforma que legalice un nuevo golpe al sistema de libertades y al funcionamiento de los mecanismos que garantizan alternancia en el poder para impedir los caudillatos. Para hacerla en la Asamblea en la que tienen una desproporcionada representación y absoluta obsecuencia.
De proceder como Mera dice, el CNE volverá a mostrar su sumisión, que parece ser el precio que deben pagar porque el proyecto político es más importante que los derechos y la ética. No existe, salvo una inmoral interpretación, ninguna restricción a una consulta para que sean los ciudadanos en las urnas quienes expresemos nuestro acuerdo o desacuerdo con la reelección indefinida. La resolución de la Corte Constitucional restringe una consulta en la que se cambie alguna norma de la Constitución –cuál es el caso de la iniciativa del expresidente Gutiérrez- pero no puede, aun cuando así lo diga, restringir de forma alguna el derecho político de participación. Así lo ordena el Art. 11.1 de la Constitución.
Si el CNE restringe este derecho y se allana a la argumentación política de Mera, configurará una burla descomunal al derecho de las personas de ser consultados. Consumaría una violación supina a la conciencia y a todo aquello que versa sobre los avances de la democracia que están reglados en convenios internacionales.
Vamos a las urnas y que el gobierno muestre integridad. Que no se atrincheren en el maniobrerismo e impidan formas democráticas para desahogar tensiones. Un nuevo golpe maquillado de institucionalidad, equivale a otro apriete al nudo que asfixia el legítimo derecho a oponernos al abuso.