Héctor Yépez
Guayaquil, Ecuador
Después de ocho años en el poder, después de gozar la mayor bonanza petrolera en nuestra historia, después de controlar desde el gobierno un imponente oligopolio de medios de comunicación, después de ganar elecciones y refundar la Patria en Montecristi, hoy la Revolución Ciudadana, capitaneada por el presidente Correa, ha declarado la batalla contra su nueva amenaza política. No es el Imperio. No es la Restauración Conservadora. No es la Prensa Corrupta. Es una página de memes: Crudo Ecuador.
Parece un chiste –como los que suele publicar Crudo Ecuador–, pero no, no es broma. «Por cada tuiter que mande, mandaremos diez mil diciéndole: eres un cobarde», increpó el mandatario a raíz de un meme que lo mostraba con compras durante sus vacaciones en Bélgica. Y así, el omnipotente aparato estatal se moviliza por una parodia en redes sociales que disgustó al presidente: todo el Estado al servicio de un capricho personal. Esto no es tan nuevo. Ya en 2011, la policía detuvo a la señora Irma Parra por hacerle una «yuca» al presidente en plena campaña electoral. En 2014, con Ley de Comunicación en la mano y Carlos Ochoa en el gatillo, sancionaron a Bonil por una caricatura en El Universo.
Ahora bien, luego de ocho años en el poder, no hay cómo confundirse: esta actitud no obedece a ninguna cuestión de principios. El presidente suele hablar de los límites éticos del periodismo, la sátira y la disidencia. Se aferra a la boya del Papa Francisco, quien a propósito del atentado contra Charlie Hebdo sostuvo, en síntesis, que la libertad de expresión no es absoluta. Pero nada de eso es creíble en Rafael Correa. Quien dirige el mayor grupo de medios en el Ecuador, dedicados sistemáticamente a la propaganda partidista, es obvio que no cree en el periodismo imparcial. Y quien todos los sábados insulta, amenaza, burla y menosprecia a raimundo y todo el mundo –incluyendo a veces a sus propios colaboradores–, en un espacio retransmitido por canales y radios de todo el país, donde no existe derecho a la réplica, es imposible que sinceramente crea que la expresión debe estar limitada por el respeto al honor ajeno. Eso es un cuento que, repetido mil veces, sirve como arma política para desacreditar a sus adversarios y justificar el abuso de poder. La otra alternativa sería que estemos frente a un caso gravísimo de esquizofrenia, lo cual dudo.
«Oficialmente el día de hoy entonces declarada, organizada, la batalla por la dignidad, por la verdad en las redes sociales», sentenció el presidente en la última sabatina. Esta batalla es un episodio de la más amplia guerra contra la libertad de expresión. Y es una insistencia lamentable en fomentar el odio irracional por la diversidad de tendencias políticas. Eso es especialmente vergonzoso. Lo que el poder público debe promover es que nuestras diferencias sociales se discutan de manera civilizada. No que nos entremos a insultos o golpes por ellas. El poder público debe llamar a la paz y la unidad. No al salvajismo entre compatriotas.
Pero los intereses se imponen: hoy es el mejor momento para levantar el fantasma del enemigo público. Hoy que Alianza País enfrenta un desafío político por un desajuste fiscal –un problema de partido convertido en problema de Estado–, luego del «revés» sufrido el pasado 23 de febrero, es ideal unir a la militancia contra un «villano» que, aun tan inofensivo como una página de memes, canalice la pasión política. Mejor aún cuando el villano no tiene ninguna relación con los verdaderos problemas del país. Porque, mientras movilizan al ejército de AP, mientras en la otra orilla se defienden de los ataques, mientras la prensa da amplia cobertura a la nueva «batalla»… en la vida cotidiana baja el barril del petróleo, se encarece el dólar, los vehículos suben de precio, la gente espera hasta el cansancio por una cita en hospitales del seguro social sin camas ni medicinas suficientes, aumentan los impuestos, la justicia permanece sumisa, nadie fiscaliza nada, y siguen su curso las reformas constitucionales para eternizarse en el poder, quitarle competencias a municipios, convertir la comunicación en servicio público y recortar el derecho ciudadano a la consulta popular.
Sí, la estrategia puede ser hábil. Pero su éxito no está en manos del gobierno. Está en manos –y, sobre todo, depende de la boca– de nosotros, los ciudadanos.