Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador
Los demandantes en el juicio de Lago Agrio contra Chevron acaban de dar un paso que resultaba obvio, en su estrategia para cobrar la sentencia emitida por cortes locales contra la petrolera estadounidense: tratan de que se les adjudique un crédito que esta tiene, en números redondos, por 106 millones de dólares contra el Estado ecuatoriano.
Nada despreciable cantidad, por más que, en apariencia, su monto parezca ínfimo comparándolo con los 19,000 millones mandados a pagar a Chevron por los alegados daños ambientales en el Oriente.
Aquellos 106 millones (incluyendo intereses) que adeuda el Estado a Chevron derivan de un laudo, emitido en el marco de un arbitraje internacional, que consideró que por demoras en la solución de ciertos reclamos judiciales (totalmente distintos al de los daños ambientales), el Ecuador violó sus obligaciones bajo el tratado de protección de inversiones celebrado con los Estados Unidos en la década de los noventa del siglo pasado (y que sigue aún vigente pese a las incesantes proclamas políticas en su contra).
La aguerrida defensa ecuatoriana, tanto en el arbitraje, como en el pedido de anulación que luego presentó ante las cortes holandesas (pues Holanda fue la sede del arbitraje), concluyó el año pasado cuando la Corte Suprema de ese país confirmó la validez del laudo.
Independientemente de las opiniones que se tenga sobre la sentencia de Lago Agrio contra Chevron, parece previsible que nuestras cortes, en el procedimiento de ejecución de esa sentencia que se sigue localmente, darán paso al pedido de los demandantes y terminarán adjudicándoles el crédito de 106 millones contra el Estado.
Lo que no es aún previsible es si lo terminarán cobrando, pues eso depende de la postura que adopte la defensa del Estado. Según las reglas del Código de Procedimiento Civil, el deudor de un crédito embargado conserva, aun frente al nuevo acreedor, todas las defensas que puede oponer al primitivo (art. 444). Y corolario de ello es que los mismos argumentos que el Estado considerase tener para oponerse a pagarle a Chevron pudiera usarlos para oponerse a pagarle a los demandantes de Lago Agrio, en defensa de los recursos públicos.