Sexo, pudor y lágrimas

María Dolores Miño

María Dolores Miño
Quito, Ecuador

A decir verdad, no me sorprende mucho el terror que el correísmo le ha sabido tener al placer sexual, pues ya hemos visto en otros asuntos la fobia gubernamental que existe hacia a cualquier cosa que como ciudadanos nos libere y nos diferencie unos de otros. Era solo cuestión de tiempo para que el régimen que nos impuso su estándar de cuándo y de qué reírnos, se atreviera a decirnos cómo y con qué mentalidad debemos tener relaciones sexuales. (A este paso, solo les falta imponernos con quién hacerlo).

El nefasto “Plan Familia”, presentado por el Presidente y su flamante directora Mónica Hernández en la última sabatina tiene varios puntos repudiables, pero me voy a limitar a hablar de lo que considero más grave no solo como mujer sino como ciudadana:

1. ¿Desde cuándo experimentar el placer por placer es algo malo? Los seres humanos somos hedonistas por naturaleza, y parte de nuestro desarrollo integral supone satisfacer necesidades que no son estrictamente “básicas”. Si el disfrute de las cosas buenas de la vida es solo permisible cuando tiene una finalidad útil, entonces deberían desaparecer el cine, la pintura, la música, la gastronomía, y todas las demás formas de arte que no hacen nada más que suplir nuestra permanente y natural búsqueda por deleitar los sentidos.

2. Relacionado a lo anterior, ¿desde cuándo el sexo por placer es algo intrínsecamente malo? Para los seres humanos, las relaciones sexuales son más que un simple mecanismo de conservación de la especie, y me atrevo a decir, son más que una muestra de afecto hacia otra persona. Implica para muchos, el conocimiento del propio cuerpo, el descubrimiento y formación de nuestra identidad como individuos, y el ejercicio máximo de nuestra libertad personal. Pretender regular el “placer por el placer” implica una violación de las obligaciones internacionales del Estado, pues el disfrute pleno de la vida sexual es un derecho fundamental reconocido que se debe respetar y garantizar. Al tratarse de esferas privadas de la vida de las personas, éstas no pueden ser arbitrariamente invadidas ni reguladas a partir de preceptos morales subjetivos.

3. Enfatizaron en la necesidad de orientar las políticas de prevención hacia la protección de la familia. Pero, ¿qué es lo que este gobierno entiende por “familia”? Porque en este ya bien avanzado siglo XXI existen diversas formas de familia además de la típica “mamá-papá-hijos”, todas ellas reconocidas y protegidas bajo el artículo 67 de la Constitución. Las familias monoparentales, las familias intergeneracionales, las familias mezcladas (blended families), por mencionar algunas, tienen necesidades distintas de la familia tradicional, con lo cual, me temo, la construcción de una política pública orientada a proteger solo a un tipo de familia no solo es de facto discriminatoria sino también inconstitucional.

4. Reiteraron en aquello de la sexualidad “en base a valores”. Nuevamente pregunto, ¿los valores de quién? ¿De un grupo religioso cuyas posturas no tienen cabida en un Estado laico? ¿Los valores de un grupo de poder que se ha caracterizado por la intolerancia hacia la diversidad, y que públicamente ha manifestado su repudio por la ideología de género? ¿los valores de ciertos funcionarios públicos que se refieren a las mujeres que los critican como “las mal tiradas”? ¿Los valores de quienes encubrieron al violador de una niña por tener un pariente poderoso? ¿Los valores de los que defienden las políticas de Estados parias donde sistemáticamente se violan los derechos de las mujeres? Da escalofríos solo pensarlo.

5. El que un Estado seriamente comprometido con prevenir el embarazo adolescente le apueste a la abstención como el mecanismo más adecuado para lograr ese objetivo es un punto tan risible como preocupante. Risible, porque ni antes, ni ahora ni nunca la abstención o el moralismo ha servido para evitar que los jóvenes tengan relaciones sexuales. Proponerlo evidencia el craso desconocimiento que la directora Hernández tiene de la realidad sobre la cual planea construir una política pública, y esto es de por sí es una irresponsabilidad. Lo preocupante es que una política desconectada con la realidad causará un detrimento en el ejercicio de los derechos sexuales de los y las jóvenes, al no incorporar mecanismos eficientes para garantizarlos y protegerlos de manera adecuada. El resultado más visible será el aumento en la tasa de embarazos adolescentes en el Ecuador. El resultado más grave, será la imposición desde el Estado de lo que es moralmente válido en el ámbito de la sexualidad, una injerencia arbitraria que como ciudadanos no deberíamos permitir.

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