Danilo Arbilla
Montevideo, Uruguay
El Gobierno venezolano ha denunciado doce golpes de Estado en los últimos dos años. Esta cifra surgió al conocerse la decisión de Felipe González de defender a los presos políticos Leopoldo López y Antonio Ledezma. Nicolás Maduro acusó de estar metido en esas tramas, por lo menos en las dos últimas, al expresidentes español.
Doce golpes de Estado en dos años. Uno cada dos meses y todos abortados. En cada uno de ellos, según las denuncias, el imperialismo yanqui estuvo involucrado, y más aún, fue el cabecilla, el inspirador. Y en todos fracasó, lo que da para concluir que los imperialismos ya no vienen como antes. En la época de la United Fruit era otra cosa.
No hay que descartar que el mérito sea bolivariano. Que se deba a la agudeza y visión del conductor y la mística que crea en su pueblo. Se suma a ello que el ejército venezolano, autorizado por Maduro a disparar a matar contra los manifestantes –estudiante, disidentes y periodistas–, es el más armado del continente. El régimen bolivariano ha invertido en armamento más que en ningún otro rubro, incluso más que en la repartija en busca de liderazgo del fundador Hugo Chávez. Quizás si hubieran canalizado tantos petrodólares por otras vías, Caracas opacaría a Dubái, por ejemplo, o la mayoría de los venezolanos tendría más cosas para comer y hasta papel higiénico. Pero hay que admitir que los soldados venezolanos hacen buen uso de sus armas. Puede que de vez en cuando se les empantane algún tanque, pero en materia de represión y muerte de manifestantes ya ostentan varias muecas en sus culatas. Además, han frenado doce golpes de Estado.
Doce golpes de estado en dos años. ¿Quién se lo cree?
Bueno, parecería que hay algunos que se lo creen y no son chicos, a saber: los presidentes Juan Manuel Santos, Ollanta Humala, José Mujica, Michelle Bachelet, Dilma Rousseff, Enrique Peña Nieto y por supuesto Cristina Kirchner, Daniel Ortega, Evo Morales y Rafael Correa, además de Lula y Sebastián Piñera, a los que se suman el secretario general de la Unasur, Ernesto Samper y el saliente secretario de la OEA, José Miguel Insulza, entre los más conocidos.
Lo creen y respaldan a Maduro en estas denuncias; lo hacen los bolivarianos y los del Alba adheridos al entusiasta discurso y lo hacen todos con su votos de apoyo en el Mercosur, la Unasur, la Celac y la OEA, con sus silencios, con su indiferencia y dando vuelta la cara frente a que ocurre en Venezuela.
Todos ellos no dudan de los planes de desestabilización del imperialismo y la derecha y dan pleno crédito a las denuncias de Maduro, pero sí dudan y no dan crédito y apoyo a las denuncias de organizaciones como Amnesty Internacional, Human Right Watch, SIP, CPJ, Reporteros sin Frontera, Ipys, IPI, de la Comision de Derechos Humanos de la OEA, de la Comunidad Europea y de la propia ONU.
Lo grave es que todas estas instituciones denuncian represión y asesinato de estudiantes y disidentes, la existencia de centenares de detenidos y decenas de presos políticos, continuas violaciones a la libertad de expresión y persecución de la prensa y periodistas independientes, ausencia de garantías de todo tipo y la inexistencia de jueces y fiscales independientes. Todo respaldado por testimonios y pruebas comprobables y mas sólidas y tangibles que las de Maduro respecto a los 12 golpes de estados y los innumerables planes para asesinarlo.
Maduro, quién llegó a la presidencia en unas elecciones muy extrañas, en la que no hubo recuento de votos y en las que constitucionalmente no podría haber sido candidato, como no podía por esa misma razón en esos momentos estar ocupando la presidencia de Venezuela, fue legitimado por la Unasur, la Celac y por la OEA, las mismas organizaciones que se rasgaron las vestiduras cuando en Paraguay, en estricta aplicación de las normas legales y constitucionales, se destituyó como presidente a su socio y amigo Fernando Lugo.
Pero hasta ahí. Las denuncias de ahora –no la de la docena de golpes de Estado– tratan de serias y flagrantes violaciones a los derechos humanos y civiles, que hablan de una realidad que se deteriora día a día y que hace imperioso que aquellos que defienden la libertad lo asuman efectivamente.
No se puede ser cómplice; el silencio, mirar para otro lado y hablar de invasiones y golpes de estado es inaceptable.