Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
Según el artículo 16 de la Ley de Seguridad Social, el IESS “es una entidad pública descentralizada, creada por la Constitución Política de la República, dotada de autonomía normativa, técnica administrativa, financiera y presupuestaria, con personería jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto indelegable la prestación del Seguro General Obligatorio en todo el territorio nacional”.
El artículo 371 de la Constitución de Montecristi determina que “las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadores; con los aportes de las personas independientes aseguradas; con los aportes voluntarios de los ecuatorianos domiciliados en el exterior; y con los aportes y contribuciones del Estado”. El artículo 4 de la Ley de Seguridad Social en su literal d) afirma que “la contribución financiera obligatoria del Estado, para cada seguro, en los casos que señala esta Ley;».
Para comprender al seguro social hay que remontarse a la Edad Antigua. La institución aseguradora surge como una respuesta solidaria a los infortunios. Requiere la mayor cantidad de aportantes posibles para desconcentrar riesgos y recaudar la mayor cantidad de dinero. El IESS es una compañía de seguros que, de acuerdo al artículo 237 de la Ley de Seguridad Social, obligaba al Estado a financiar “obligatoriamente el cuarenta por ciento” de las pensiones jubilares, mientras que el IESS tenía que cubrir el sesenta por ciento de la pensión respectiva.
El oficialismo de la Asamblea Nacional, ha decidido que el Estado no aporte el cuarenta por ciento de las pensiones jubilares, dejando que asuman la carga financiera los empleados y los empleadores; cuando la Ley exige el concurso de las tres partes. Alega, sin mostrar cifras, que el IESS tiene superávit de caja, cuando lo que en realidad existen son cuentas por cobrar, mas no exceso de liquidez. Si hubiera superávit, se debería reducir proporcionalmente los aportes de las tres partes, pero no es posible que se retire una, obrando contrariamente al principio de solidaridad al que apela el artículo 1 de la Ley de Seguridad Social y enviando un fuerte mensaje de que el Estado no tiene recursos como consecuencia del déficit fiscal impulsado por el fracaso del modelo económico implantado por la SENPLADES.
El sector empleador es el que más aporta y si el razonamiento gobiernista fuera coherente, no tiene sentido que el Estado participe en la administración del IESS, sino solamente los empleados y los empleadores, que seremos los únicos aportantes. De esa manera, tal vez podríamos eliminar o mejorar este sistema monopólico artero que nos obliga a los ecuatorianos a trabajar hasta la muerte, sin que rinda cuentas sobre nuestros aportes. Es imperativo analizar la posibilidad de crear nuevos mecanismos privados para que los aportes mensuales que realizamos sean más rentables y nos permitan descansar con tranquilidad económica cuando ya no podamos o queramos trabajar. Lo contrario nos presenta como una sociedad que discrimina a sus mayores y no le interesa invertir productivamente el dinero. Todos llegaremos a la tercera edad. Está en nosotros decidir si lo hacemos con o sin recursos y si dejamos que el Estado se siga aprovechando de nuestro dinero para usarlo en gasto corriente.