Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
Lo hermoso de la libertad es que nos permite expresar nuestra opinión aunque a alguien no le guste. Para Gandhi, el derecho a la libertad de expresión sobrevive si las personas cumplen con su deber, al no utilizarlo en forma antisocial, ofendiendo a una colectividad o un individuo. No se puede injuriar. Obama lo aclaró en la última Cumbre de las Américas: no es posible que una persona sea quien determine si los medios de comunicación son buenos o malos, dependiendo si le gustan o no sus críticas.
La declaración de derechos humanos y la Constitución vigente recogen entre sus normas a la libertad de opinión, porque es un derecho connatural al ser humano. Cualquier Ley que se promulgue en contra de este principio es injusta y por lo tanto, susceptible a ser resistida por el individuo o el colectivo afectado.
El gobierno se excede con las cadenas nacionales o locales que los medios de comunicación están obligados a transmitir, según la Ley de Comunicación. Usan el espectro radioeléctrico, por cuya frecuencia los medios de comunicación han pagado al Estado. Quitándoles muchas horas de transmisión por semana. En definitiva, despojándolos del dinero que pudieran ganar si no transmitieran esas cadenas ordenadas por la función ejecutiva. Un abuso de poder cuyo contenido irrespeta a la audiencia, a los medios y a la Ley; porque en muchas ocasiones no son más que ataques políticos a los opositores del oficialismo, tratando asuntos que no son “mensajes de interés social”, que degradan la relación intercultural, al contrario de lo dispuesto por la Ley de Comunicación.
De allí la importancia de que un sistema democrático tenga poderes independientes. Que no sean obedientes a las decisiones del poder ejecutivo, sino que resuelvan en forma justa los problemas de la vida en sociedad. Si bien es cierto, los medios de comunicación son imperfectos, no se puede pretender censurarlos con artimañas legales. Todo esto nos lleva a una situación de indefensión, porque la autoridad ante la que los afectados pudieran quejarse es juez y parte. Sabemos con anticipación a favor de quién fallará. Por eso, las verdaderas opiniones se encuentran en las redes sociales, en los blogs y en los portales digitales. Estas en cambio, son combatidas por los trolls, también pagados con nuestros impuestos, como se ha demostrado en el pasado.