Martina Vera
Madrid, España
Se cumple el presagio de Cerati y Buenos Aires se ve tan o más susceptible que nunca: el oficialismo quiere devorar a la independencia Judicial y es probable que lo logre. Así, el ciudadano susceptible, asumirá un rol de silencio e impotencia. Para los argentinos, “ese destino de furia es lo que sus caras persisten”; la canción de Soda sabe más a dejavú que a éxito clásico.
El silencio en la ciudad de la furia
El silencio impera en la Ciudad de La Furia; lo acompaña el afán de negación de quien sabe más de lo que debe y entiende más de lo que quiere. El periodista Hector Schamis cree que el fantasma de intimidación de la Junta Militar reencarna en el gobierno de Cristina Fernández, y logra que el ciudadano opte por callar y se suma en un estado de negación absoluta, relativo a un entorno surrealista pero palpable. Ese síndrome, únicamente se ha visto antes bajo la represión de la Junta. En la actualidad, se aplica al caso Nisman.
Mientras varios miran hacia el lado opuesto a sabiendas de lo que sucede en su patio trasero, se desestimó la demanda del difunto fiscal Nisman a Cristina Fernández por encubrimiento del atentado a la AMIA en 1994. Al morir Nisman, Gerardo Pollicita retomó la denuncia. El juez Daniel Raficaz la desestimó. El caso pasó a la cámara federal que se negó a investigar la denuncia. El martes 12 de mayo, Casación y los tres magistrados de la Sala I denegaron la demanda por “falta de evidencia”. Jorge Lanata y alguno más protestan y pocos reaccionan. El mayor problema que propaga esa negación no termina con el caso Nisman y si no se afronta, es muy probable que se agudice.
Solo el principio…
El silencio actual es tan solo el principio de un fin que persigue el oficialismo: coartar la independencia del poder judicial. Prueba de ello es que Cristina Fernández inicia una batalla para desplazar de su cargo a uno de los cuatro Jueces de la Corte Suprema Argentina, Carlos Fayt. ¿El objetivo? Conformar una Corte “más favorable” al kirchnerismo, al que se le avecinan varios casos clave. ¿La estrategia? Ejercer presión para que se “evalúe” el estado físico y mental de un juez de 97 años, clamando que su edad no le acondiciona para ejercer ese cargo.
Es necesario que dos tercios del Congreso argentino autoricen un juicio contra Fayt para facilitar la cesación de sus funciones. Dado que el oficialismo ya no controla el Congreso con tanta holgura, es poco probable que la solicitud de la Presidenta tenga cabida. Sin embargo, la presión mediática y el acoso estatal sí son recursos que explota el actual gobierno y que utilizará sin descanso para presionar la renuncia de Fayt.
El oficialismo oportunista
La batalla actual contra un flanco débil de la Cámara es oportuna para el oficialismo pues la Corte Suprema cuenta únicamente con cuatro de los cinco Jueces de la Nación que la conforman; uno dimitió en Diciembre. Desde entonces, el oficialismo y la oposición no llegan a un acuerdo en el Congreso para nombrar un quinto Juez. Si se logra desplazar a Fayt, entonces el kirchnerismo tendría mayor y mejor margen para negociar en el Congreso el ingreso del Juez de su preferencia a la Corte, mientras concede la plaza restante a la oposición.
La Corte Suprema Argentina destaca como la más alta instancia de equilibrio de poder en ese país. La resolución de casos de corrupción en altas esferas se encuentra bajo su potestad. El peronismo gobernante tiene los días contados para que la Corte discuta casos de corrupción claves en los que se encuentra implicado. Cristina Fernández, sabe con certeza, que su gobierno no saldrá victorioso en ninguno de los escándalos que más le interesan si caen bajo la potestad de la actual Corte. Esa lógica no es desconocida para nadie, pues la Presidenta ha llegado a calificar a la Corte de “partido judicial” en repetidas ocasiones. Entre lo más álgido que se avecina se encuentra el caso Hotesur, que afecta a la familia de la Presidenta; el juicio al Vicepresidente Amado Boudou y la cautelar que protege al Grupo Clarín. ¿Infundirá Fernández de Kirchner la intimidación necesaria para destituir a Fayt y atravesar ilesa el prado de la negación argentina? Si el fantasma de la Junta Militar sigue vivo, entonces, pocas esperanzas quedan de preservar la escasa independencia de poderes en Argentina. Al menos en ese país la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional no llega a la audacia de alegar que no existe separación de poderes sino funciones distintas, como sucede en Ecuador.