María Dolores Miño B.
Quito, Ecuador
Si alguno de ustedes es padre de familia, seguramente habrá visto en días recientes un incremento en las publicaciones en redes sociales relativas a la presunta existencia de una banda de secuestradores de niños en Quito. A estas alturas, creo que la mayoría de nosotros sabemos filtrar cuando una de estas publicaciones es evidentemente infundada, corresponde a hechos ocurridos en otro país o sucedió hace varios años. En este caso, la recurrencia de estas advertencias online, y el hecho de que se trataba de la seguridad de nuestros hijos, causó verdadera alarma en la capital.
Ante la cantidad de denuncias no oficiales y varios cuestionamientos sobre si efectivamente habría una banda secuestrando niños en Quito, el Ministro del Interior José Serrano se adelantó a decir que los hechos eran falsos, que tales denuncias eran “infamias” cuya única intención de causar el pánico entre la población, e incluso llegó a amenazar con investigar a quienes subieran información similar en redes sociales. No pasaron muchos días de este incidente cuando se hizo pública la noticia del secuestro de un alumno de un colegio privado de la capital, quien había sido sustraído en plena calle por unos sujetos dentro de un vehículo en movimiento. Los rumores entonces, no habían sido tan falsos como Serrano originalmente sugirió.
Después de algunos días de silencio por parte de las autoridades, y mientras los padres y madres de familia quiteños estábamos sumidos en la incertidumbre, la angustia y el miedo, se publicaron las infaltables fotos del Ministro Serrano en Twitter, que anunciaban la culminación con éxito del operativo de rescate del alumno secuestrado. Acto seguido, y después de que una ciudadana le pidiera que desmienta la existencia de las alegadas bandas de secuestradores, Serrano tuiteó: “(…)hemos desmentido ya,(…) hay quienes quieren causar pánico al Ecuador, no lo permitiremos”. No obstante, hasta el momento que acabo de redactar esta nota no se sabe quiénes secuestraron al niño, ni por qué. Creo que la ciudadanía se merece conocer esta información.
Si bien todos nos alegramos por el pequeño y sus padres, y reconocemos la celeridad con la que las autoridades dieron con el paradero del niño y lo restituyeron a su familia, creo que ciertos comportamientos del Ministro Serrano alrededor del tema de los secuestros de niños en Quito son incompatibles con el derecho ciudadano de difundir información de interés público por los medios que considere necesario en casos de secuestros y desapariciones de personas. Estas actitudes deben ser corregidas pronto.
En primer lugar, es inaceptable que la máxima autoridad nacional en materia de seguridad interna descarte, de entrada, las denuncias de la población con respecto a la presencia y actividad de bandas delincuenciales, especialmente cuando ello implica un riesgo para el derecho a la integridad personal de nuestros niños, niñas y adolescentes. El trabajo del Ministro del Interior no es refutar la veracidad de las denuncias, sino activar el aparataje policial para comprobar si efectivamente éstas son infundadas o no. En este sentido, corresponde recordarle al Ministro Serrano algo bastante obvio: que el hecho de que algo no haya sido comprobado no quiere decir que necesariamente sea falso. Ello fue evidente en este caso.
También conviene recordarle, que en ejercicio de nuestro derecho a la libertad de expresión, cualquiera de nosotros tiene la facultad (y hasta el deber) de poner en conocimiento de la ciudadanía este tipo de situaciones, no solo para exhortar a las autoridades a que tomen las medidas que sean del caso, sino también para que la población pueda adoptar las precauciones necesarias. Si le hiciéramos caso a Serrano y dejáramos de publicar estas denuncias en Facebook y Twitter, muchos de estos hechos nunca saldrían a la luz, las autoridades no se enterarían, y los malhechores quedarían impunes. Amenazar a la ciudadanía con investigar a quienes ejercen su legítimo derecho a difundir información de interés público no solo es inconstitucional, sino hasta insensible, pues reduce las legítimas preocupaciones que como madres y padres teníamos sobre este tema a simples intentos maliciosos de causar pánico o perjudicar a la institución.
Le invito al Ministro Serrano que investigue, por ejemplo, sobre el sistema AMBER Alert, que se utiliza en los Estados Unidos para reportar casos de personas desaparecidas. Este sistema fue creado en 1996 a presión de los familiares de personas secuestradas, que sabían por experiencia que las primeras 72 horas son cruciales para que un desaparecido sea encontrado con vida o no; de ahí la necesidad de que estos hechos sean difundidos en todos los medios posibles de manera inmediata. En palabras de sus creadores, AMBER pretende “galvanizar a toda la comunidad para que asista, en conjunto, en la búsqueda de una persona desaparecida”.
En la actualidad, las alertas AMBER se emiten en radio, prensa escrita, televisión local y televisión por cable. También se han creado estaciones de radio y televisión especialmente para transmitir permanentemente las alertas. En años recientes, AMBER ha firmado convenios con Google, Facebook y otras redes sociales que facilitan su difusión masiva de las alertas, e inclusive éstas se envían por mensajes de texto SMS o Whatsapp.
Si bien originalmente eran las autoridades de policía las que determinaban la necesidad de emitir las alertas AMBER, en años recientes muchos Estados han optado por su difusión inmediatamente después de que una persona desaparece, y aún cuando desde las autoridades públicas no exista certeza de que se trata de un secuestro. La razón es obvia: en casos como éstos, el tiempo apremia y la posibilidad de que alguien pueda identificar al desaparecido mientras aún está con vida es más importante que el carácter oficial de su desaparición.
Desafortunadamente, el importante papel que juega la ciudadanía para buscar y encontrar personas secuestradas o desaparecidas, y la necesidad imperiosa de difundir esa información por todos los medios posibles, es menospreciada en Ecuador por las autoridades encargadas de la seguridad interna. Más que preocuparse tanto por la imagen institucional, deberían tomar en cuenta las ventajas que en muchos casos podría tener integrar a la ciudadanía en la búsqueda de desaparecidos e identificación a sus captores, así como el papel fundamental que los medios de comunicación y redes sociales tienen para traer a la atención del púbico estos deplorables hechos.