María Dolores Miño
Quito, Ecuador
No conformes con ganar salarios millonarios y viáticos; no conformes con vender nuestro patrimonio biodiverso a China, (el país con la peor ética ecológica y laboral del planeta); no conformes con llenar las arcas fiscales con el dinero que obtienen de la persecución judicial a los medios independientes que quieren fiscalizarlos, ahora también pretenden quedarse con una tajada de nuestro patrimonio familiar. Porque el impuesto a las herencias, tal como ha sido presentado por los propios funcionarios del gobierno, no puede ser sino una medida más destinada a financiar el despilfarro y la irresponsabilidad de un grupito que parece ver al Estado un feudo, donde pueden disponer de los bienes y las personas como mejor les parece.
Tanto el Presidente, como Virgilio Hernández y otros asambleístas que han hablado del tema en algunos medios de comunicación, coinciden en que el impuesto se crearía para que “los ricos” no evadan sus obligaciones tributarias como “suelen hacer”; para generar redistribución de la riqueza, y para financiar proyectos sociales. Analicemos entonces, esto:
Espeluzna la existencia de políticas construidas desde el estereotipo, el complejo y el resentimiento social. Porque no se necesita ser muy inteligente para darse cuenta de la burda generalización a este grupo que los funcionarios de gobierno llaman “ricos”, y ver cómo se los estigmatiza y acusa, (sin más pruebas que lo que su imaginación les muestra), de estafar al fisco y básicamente, robarle al país. Si la medida es contra “los ricos” por las razones que indican, entonces estamos hablando de una política sancionatoria y no de redistribución. Estamos hablando de una medida especialmente diseñada para afectar a un grupo socioeconómico en base generalizaciones y acusaciones no probadas, al menos no para todos quienes integrarían este grupo. Estamos hablando por tanto, de una medida discriminatoria, donde estos “ricos”, por esa sola condición, tendrán menos derecho de disponer de su propiedad que el resto de la población.
Sería bueno que nos aclaren los gobiernistas qué entienden por “los ricos”. Porque muchas de las personas que se verán afectadas por el tal impuesto son gente que ha surgido desde abajo, que ha trabajado incansablemente y con honestidad para construir su patrimonio durante décadas, personas valiosas que además de proveer responsablemente para sus familias, han generado puestos de trabajo y han contribuido al crecimiento de la industria nacional. Esto, al contrario de otras personas, que en años recientes han logrado amasar fortunas incalculables y hasta se dan el lujo de posar en sus mansiones para las revistas que antes hubieran llamado “peluconas”. Otros, que reconocen con el mayor desparpajo, haber adquirido bienes raíces en Europa y Estados Unidos, o se dan el lujo de hacer aspavientos sobre el tamaño de sus roperos y de los cientos de pares de zapatos de diseñador que de un día para el otro pudieron adquirir en revistas de moda. ¿Porqué no se cuestiona el origen de esas fortunas? ¿Porqué no se estigmatiza también a estos, que a todas luces también son ricos? Esperamos respuestas.
Luego, han tratado de legitimar lo grotesco de la medida maquillándola de “redistribución social de la riqueza”. Si esta fuera realmente la intención, lo lógico, lo coherente, sería que estos funcionarios que con tanto apuro pretenden quitar a “los ricos” para darles a “los pobres”, sean los primeros en vender la mitad de las mansiones (las de aquí y las de Europa) para darles a los menos favorecidos. Es muy fácil jugar a Robin Hood con lo que no les ha costado y no les pertenece.