Luis Fernando Ayala
Guayaquil, Ecuador
Durante la grave crisis económica que afectaba al Ecuador en 1999, el gobierno de Mahuad se vio obligado a tomar graves medidas económicas para enfrentarla, entre ellas el incremento del IVA. La crisis fiscal que afectaba al estado ecuatoriano tenía su fundamento no en un despilfarro del gasto público; sino en la estrepitosa caída del precio del petróleo que llegó a negociarse en US$ 7 dólares el barril. Lo anterior no sirvió de atenuante para aplacar la furibunda reacción de los dirigentes de ese entonces de las cámaras de la producción (en especial de Guayaquil); quienes no dubitaron en poner al gobierno contra las cuerdas, con manifestaciones masivas y con la amenaza de un paro general y una rebeldía tributaria, que jugaron un papel no menor en la caída del gobierno de Mahuad. Una destacada dirigente empresarial, en un momento poco feliz, inclusive amenazó con “incendiar Quito” para exigir rectificaciones.
Dieciséis años después, ante un gobierno que habiendo despilfarrado la bonanza de haber tenido el precio del petróleo por encima de los 100 dólares, y que amenaza ya no con elevar un par de puntos el IVA, sino con atentar contra las bases mismas del sistema de libre empresa y del crecimiento económico; la reacción de las cámaras de la producción bien puede calificársela en el mejor de los casos de tibia.
En un comunicado publicado en los principales medios impresos del país, el Comité Empresarial Ecuatoriano, expresó su desacuerdo con el proyecto de reforma del impuesto a la herencia que eleva hasta el 77,5% el tributo en determinados casos, medida a la que califica como confiscatoria. En la frase más fuerte del comunicado indica que “el proyecto de Ley no es conveniente para el país”.
Es francamente incomprensible como en momentos en que la ciudadanía en general, los sindicatos, y otros actores sociales han demostrado haberle perdido el miedo al régimen, las cámaras mantengan una actitud tan pasiva y cautelosa. El dramático momento que vive la patria, exige medidas más decididas para enfrentarlo de parte del sector empresarial. Resulta indispensable entonces que las cámaras de la producción no se limiten a lamentarse de la situación que enfrentamos; sino a exigirle al gobierno que desista de impulsar los proyectos de reforma a los impuestos a la herencia y a la plusvalía y estar dispuesto a tomar las medidas de presión necesarias para conseguirlo. No hacerlo reforzaría la idea ampliamente difundida, de que el sector productivo ha sido cooptado por la mermelada del indiscriminado gasto público de este gobierno.
No cabe duda de que los riesgos son altos. El correísmo ha dado incontables muestras de ser capaz de los más grandes atropellos. Nadie puede exigirle a un empresario que ponga en riesgo su reputación y su patrimonio. Es por ello que quienes hoy se encuentran al frente de las cámaras de la producción del país, deben decidir ellos mismos si están o no en condiciones de liderar las acciones que la situación demanda. Si no lo están, lo mejor que pueden hacer es dar un paso al costado y permitir que sean sustituidos por quienes sí estén dispuestos a plantar cara al gobierno, representando fielmente el sentir mayoritario de los pequeños, medianos y grandes empresarios del Ecuador.