Patricio Pazmiño o el caballo de Troya contra la Corte Interamericana

Miguel Molina Díaz
Quito, Ecuador

Cuenta Homero, en su Odisea, que los espartanos se idearon la creación de un gigante caballo de madera como ofrenda a los troyanos. En realidad, ese caballo era una trampa. La guerra se había prolongado por demasiado tiempo y los espartanos no lograban atravesar las infranqueables murallas de Troya. Al recibir el obsequio los troyanos festejaron y se sintieron vencedores. Dentro del caballo había soldados ocultos que, en la noche, abrieron las puertas de la ciudad y permitieron el ingreso del ejército espartano. Fue la noche que Troya ardió.

Esa estrategia, por demás genial, se ha replicado a lo largo de los siglos en distintas circunstancias. A veces ese caballo adopta formas insospechadas. A veces ni siquiera es caballo sino un pavo el artificio que contiene la trampa.

He pensado en la Guerra de Troya relatada en la Odisea de Homero, y en la fascinante Eneida de Virgilio, al evocar la postulación de Patricio Pazmiño a juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Pero cuidado, es preciso matizar. Decía Ramón del Valle-Inclán, ese genio de las letras castellanas, que el esperpento consiste en una degradación grotesca de las figuras heroicas. Me temo que la historia que contaré en esta columna es, inevitablemente, un esperpento del caballo de Troya. En términos literarios, claro.

Y es que sobre Patricio Pazmiño hay mucho que decir. Como ustedes recordarán se trata del presidente de la Corte Constitucional del Ecuador cuyos miembros se proclamaron tales sin base legal alguna pero sí con el beneplácito del gobierno correísta, al cual le han hecho una interesante cantidad de favores. Más adelante relataré los más graves.

Pero, primero, contextualicemos el trasfondo de esta candidatura. Desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –órgano principal de la OEA– otorgó medidas cautelares a Emilio Palacio y a los directivos de Diario El Universo, el gobierno del Ecuador ha iniciado una de las batallas más vehementes, y ridículas, en contra del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Esa postura ecuatoriana evoca –y esto es tan grave– los berrinches que Alberto Fujimori armó en contra del SIDH cuando se abrieron los procesos en contra del Perú en virtud a monstruosas violaciones a los Derechos Humanos, por las cuales hoy Fujimori cumple condena en prisión. Y sí, es verdad, Fujimori en sus épocas también insultó al Sistema y pretendió retirarse de él. ¿Les suena conocido?

Lo cierto es que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nació como una respuesta a las violaciones que las sanguinarias dictaduras del Cono Sur y de Centro América perpetuaron en contra de millares de seres humanos en nuestro continente. Si un mérito tiene la Comisión y la Corte del Sistema Interamericano es, justamente, haber hecho justicia frente a la desbordante impunidad y salvar vidas por medio de sus medidas cautelares y provisionales. A ese Sistema, que desnudó a Videla y a Pinochet, es al que el gobierno del Ecuador pretende desmantelar con argumentos burdos.

Eso podemos deducir de un sin número de declaraciones del presidente. A propósito de la puesta en marcha de la Celac ha dicho, reiteradamente, que la OEA está acabada y que los países latinoamericanos deben crear su propio Sistema de Derechos Humanos. A su criterio el SIDH actual es poco menos que el Ministerio de Indias que tiene Estados Unidos para administrar sus colonias en el patio trasero latinoamericano.

Durante estos años Rafael Correa ha demostrado un profundo y dramático desconocimiento sobre el funcionamiento del SIDH y de su historia. No sabe que uno de los países más supervisados por la Comisión Interamericana es Estados Unidos, incluso con medidas cautelares sobre la cárcel de Guantánamo. Deliberadamente ignora que esa misma Comisión, cuyas medidas cautelares ha despreciado públicamente, requirió a la justicia norteamericana suspender la ejecución del ecuatoriano Nelson Serrano.

Los intentos ecuatorianos de reforma al SIDH, y los viáticos que han financiado el lobbying de Ricardo Patiño, son formas encubiertas para destruir ese Sistema que ha llamado la atención al régimen correísta por su conducta incompatible con los estándares interamericanos de respeto y garantía de los Derechos Humanos.

Hubo, sin embargo, un cambio de actitud a raíz de la visita de Rafael Correa a Costa Rica el 29 de enero pasado, en la que aprovechó para reunirse con los jueces de la Corte Interamericana. De esa reunión salió diciendo que la Corte es ‘buena’ y que la ‘mala’ es la Comisión. Además, sorprendió con el anuncio de la donación de un millón de dólares para el funcionamiento de ese tribunal. ¿De donde nació esa repentina voluntad de contribuir con el SIDH?

Ese es el contexto en el que Ecuador impulsa la candidatura de Patricio Pazmiño a juez de la Corte Interamericana. Y es ese el paisaje que me trae la evocación del caballo de Troya. Pazmiño ha sido el protagonista de algunos momentos en la historia del derecho constitucional del país. Mencionaré los más preocupantes:

En el año 2011 la Corte Constitucional, que él preside, permitió la realización de una Consulta Popular impulsada por el gobierno de Correa que, entre otras cosas, cercenó el garantismo jurídico al (1) consagrar la metida de mano en la Justicia, (2) tipificar el enriquecimiento ilícito privado que revierte la carga de la prueba y destruye conceptualmente la presunción de inocencia, (3) limitar la caducidad de la prisión preventiva y (4) obligar a la Asamblea Nacional que apruebe una Ley de Comunicación.

Esa Ley de Comunicación se aprobó en junio del 2013 e inmediatamente después su evidente inconstitucionalidad fue demandada ante la Corte de Patricio Pazmiño. En increíble alejamiento del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la OEA, la Corte de Pazmiño declaró la constitucionalidad de al menos el 97% de esa Ley que hoy ha destruido las condiciones para el ejercicio óptimo de la libertad de expresión y del periodismo en el Ecuador.

No contenta con eso, la Corte de Patricio Pazmiño permitió que Rafael Correa ejecute su decisión de explotar los yacimientos petroleros en el Parque Nacional Yasuní, pese a la prohibición expresa del artículo 57 de la Constitución para hacerlo. Incluso esa Corte Constitucional ha sido cómplice del Consejo Nacional Electoral que boicoteó la consulta popular reclamada por los Yasunidos y también la planteada por quienes se oponen a la reelección indefinida.

Por cierto, la Corte Constitucional de Patricio Pazmiño ha dado carta blanca a la Asamblea Nacional, no hace mucho, para que tramite y apruebe las enmiendas constitucionales que, entre otras cosas, buscan declarar a la comunicación como servicio público y permitir la perpetuación en el poder del caudillo. Una de las enmiendas incluye, además, permitir a las Fuerzas Armadas hacerse cargo de la seguridad interna, lo cual viola un estándar interamericano fundamental y lo dispuesto en la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Zambrano Vélez vs. Ecuador, en la que se considera que el personal militar no tiene un entrenamiento adecuado para tratar con población civil, como el personal policial, por cuanto hay más probabilidad de violaciones a los Derechos Humanos.

No es la primera vez que Pazmiño se contonea, mueve sus alas y baila vestido de colorido plumaje ante los países del continente. En el pasado reciente ya pretendió disfrazarse de caballo de Troya. En el 2012 se postuló a Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para reemplazar a Santiago Cantón. En esa ocasión, por su falta de trayectoria e idoneidad, fue eliminado en rondas preliminares.

Es claro, por lo menos para mí, que Pazmiño carece de idoneidad para ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que su designación pondría en peligro la capacidad del SIDH para proteger los derechos de los ciudadanos de toda América. La Corte Interamericana es hoy el último reducto de independencia que nos queda, es el único tribunal de justicia con jurisdicción sobre el Ecuador en el que el correísmo no ha metido la mano. Constituye una obligación moral de los países americanos desechar esa candidatura.

Los ciudadanos de América estamos en el deber, quizá histórico, de exigir a nuestros gobiernos que un personaje como Pazmiño no ponga sus pies en la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica. Solo así podríamos impedir que el caballo de Troya sobrepase los murales de la justicia y nos conceda la desprotección de nuestros derechos humanos. Confío que en la Asamblea General de la OEA, los próximos 15 y 16 de junio, los Estados tendrán la madurez y sensatez de desechar esa candidatura.

Más relacionadas