Alberto Molina Flores
Quito, Ecuador
La existencia de la profesión militar presupone intereses humanos en conflicto y el uso de la violencia para defender y mantener esos intereses; por lo tanto, las Fuerzas Armadas como organización social compleja, orientada fundamentalmente a la guerra, han pasado a ser, a través de la historia, parte fundamental del Estado; de ahí que la unidad, nación y democracia son conceptos ligados a las Fuerzas Armadas, los mismos que por su naturaleza tienen vocación nacional.
En la segunda mitad del siglo XIX, una vez afianzada la independencia, podemos señalar que los ejércitos en América Latina tuvieron una influencia fundamental en la consolidación del Estado. Horacio Orsolini, en su libro Ejército argentino y crecimiento nacional, resalta el papel de este ejército, al igual que los demás de la región: “formó conductores, tácticos, estadistas, historiadores, prosistas, gobernantes de lejanos territorios, caudillos. Fundó colonias y escuelas; trazó caminos y líneas telegráficas; construyó puentes y cuarteles; albergó misiones científicas; se ocupó de la cartografía, fijó mojones fronterizos; guerreó, pobló, civilizó; plantó árboles, sembró y cosechó; enseñó a leer y a conocer el pabellón y la historia patria”.
La historia militar del Ecuador no ha estado alejada de los mismos hechos y circunstancias que caracterizaron a la historia militar del resto de países de América hispana, con etapas en las que prevalecieron el caos, la anarquía y el desgobierno, hubo intervenciones de caudillos militares; sin embargo, podemos señalar la existencia en nuestro país de gobiernos que trazaron caminos de progreso y desarrollo y, en lo militar, hicieron un gran esfuerzo para encauzar al profesionalismo y a la organización de la Institución Militar.
La democracia ha sido consagrada en nuestro país por la voluntad popular, como el sistema de gobierno que debe regir la república desde sus inicios, entendida como la total y libre participación del pueblo en la toma de sus propias decisiones; es decir, en manifiesta expresión de sus derechos. Desde los albores de nuestra historia republicana las Fuerzas Armadas, pese a su incipiente organización, se constituyeron en el soporte más importante del proceso de consolidación de la República. Me permito transcribir un segmento del capítulo “Estado Oligárquico Terrateniente y Fuerza Pública”, del libro Ecuador del Siglo XIX. Estado Nacional, Ejército, Iglesia y Municipio del historiador Enrique Ayala Mora; en el subcapítulo “El Ejército nacional”, señala: “Al concluir su periodo presidencial en 1839, Vicente Rocafuerte decía ante el Congreso: ‘El Ejército es en el día el más firme apoyo de las garantías sociales’. En su mensaje de 1841, el General Juan José Flores se refería al Ejército como ‘escudo de la independencia y libertad’. Unos años más tarde (1854), El Ministro de Guerra declaraba: ‘El Ejército representa la fuerza de la Nación’. Y sólo dos años después otro ministro informaba al Congreso que el Ejército ‘ha cumplido con la grandiosa misión de sostener la libertad, independencia y nacionalidad de la Patria’. Y el presiente Urbina (1854) lo describía como ‘esa porción de patricios que se privan de la dulzura y consuelo del hogar doméstico y se someten al yugo de las armas, para velar en la conservación de la paz, para sostener las libertades públicas, para garantizar el derecho a la vida y las propiedades de sus compatriotas’”.
La organización, el profesionalismo y el sentido democrático de nuestras Fuerzas Armadas, sumado a esto, su composición social tiene como base principal los sectores medios y populares. Unidos estos dos factores fundamentales -historia y composición social- la aseveración que se ha difundido en el país de que nuestras Fuerzas Armadas son democráticas no es gratuita, sino real.
En la última intervención militar en nuestro país (1972-1979), es decir, durante siete años que los militares tuvieron el poder político, se iniciaron procesos de cambios fundamentales dentro de las filas castrenses, avanzó notablemente en la toma de posiciones de carácter nacional y popular; la bonanza petrolera de esos años sirvió para levantar una infraestructura que jamás tuvieron antes las Fuerzas Armadas. Es una gran verdad, en años anteriores, no se podía ejercer a plenitud la profesión por la carencia de los medios indispensables. Lamentablemente, aquí encontramos una de las razones fundamentales que podría explicar el por qué se suscitaron desviaciones graves que atentaban contra la institucionalidad. Cabe señalar lo que propugnaba Platón en el siglo IV antes de J.C.: “El ejército debe estar lo más intensamente posible ocupado en cuestiones verdaderamente propias, entre las que, en definitiva, prepondera la de una constante y real preparación para la guerra”.
La etapa democrática que se inició en 1979 se materializó con la entrega del poder del gobierno militar al civil. Lejos de presagios y malos augurios, constituyó un ejemplo en América Latina. Los soldados volvieron a sus cuarteles y se entregaron por completo a su trabajo profesional. Creo que jamás hubo la menor nostalgia por los tiempos de dictadura. A decir del Ministro de Defensa de aquel entonces: “El soldado debía llevar en su mochila la constitución”.
Para Platón y Aristóteles, filósofos que hicieron elevadas reflexiones sobre la política y el gobierno de las ciudades-estado griegas, la democracia no fue su régimen preferido. Platón prefería que la ciudad fuera gobernada por los sabios y Aristóteles consideró que la democracia puede fácilmente caer en formas espurias como la demagogia: El fracaso de la democracia ateniense justamente se debió a la demagogia, a la corrupción en las elecciones de los magistrados que, en general, son los mismos vicios que hoy encontramos en cualquiera de las democracias occidentales.
El General Paco Moncayo, en su libro Fuerzas Armadas y Sociedad, reflexiona sobre la democracia: “Para nuestra sociedad y para las Fuerzas Armadas, la democracia debe ser una opción realmente aceptada, una convicción profunda, un modo de vida, un camino hacia la construcción de una sociedad más justa, más digna, que la vida merezca ser vivida, el hogar no sea perpetuamente allanado por la miseria, ni la privacidad por el escándalo; que no se las manipule y desinforme; en la que el derecho a la propiedad no signifique la pobreza de muchos otros; una sociedad solidaria en la cual la democracia se sustente y legitime en la participación y en la toma de las decisiones trascendentales, por amplios consensos; una sociedad que, atenuados los conflictos, sepa encontrar soluciones políticas a las naturales divergencias regionales, culturales, raciales, generacionales o de cualquier naturaleza, fortaleciendo el sentido de lo nacional. Una sociedad en que la democracia se perfeccione y profundice en el proceso mismo de su aplicación; exige, además, un orden internacional también democrático, pluralista, económicamente justo y políticamente multipolar, capaz de una amplia y respetuosa cooperación mutua. Solamente en esas condiciones será factible referirse a la democracia”.
En estos treinta y seis años de democracia formal que ha vivido el país, el periodo más largo de toda nuestra historia republicana, ha estado condicionado por la recesión económica mundial, la globalización de la economía y de la política, el deterioro del medio ambiente, los nacionalismos exaltados, y últimamente, los fanatismos religiosos sedientos de sangre; surge la necesidad de la institucionalidad del orden democrático; la percepción de nuevas amenazas como el terrorismo, la extrema pobreza, el narcotráfico, la migración; todo esto bajo las pretensiones de una hegemonía unipolar con alcance universal.
Además de las amenazas señaladas, existe otro flagelo que amenaza la estabilidad democrática: la corrupción. Cuán difícil resulta pedir a los pobres de nuestra América Latina y del Ecuador que crean en la democracia y mantengan su fe en las instituciones del Estado cuando sus líderes y administradores del bien común, los elegidos por el pueblo para gobernar, exhiben conductas corruptas apropiándose del patrimonio de todos los ciudadanos para su provecho o descapitalizando la riqueza pública en beneficio de los negocios privados o simplemente robando. La corrupción es un flagelo que niega el derecho de la gente e instala la prebenda, la coima, el cohecho, desarticula la probidad administrativa, niega la honestidad y la corrección en los comportamientos de los administradores y gobernantes y esto, visto por los ciudadanos, promueve la indignación, la ira, la falta de confianza y debilita la democracia; por lo tanto, la corrupción es corrosiva y también subversiva.
Estos hechos evidencian que la actuación en el escenario político no corresponde ya exclusivamente a los partidos políticos, debemos encontrar fórmulas e instrumentos de participación más dinámicas y directas que aseguren la presencia de todos los estamentos de la sociedad, incluidas las Fuerzas Armadas. Es necesario y urgente encontrar respuestas a la crisis política endémica de nuestros países: la falta de auténtico liderazgo; desgaste de los modelos, especialmente económicos; resquebrajamiento de los valores éticos, morales, cívicos y espirituales; las deficiencias y carencias de la administración de justicia, y la percepción errónea de las verdaderas y urgentes necesidades humanas de la sociedad.
Dentro de la convivencia democrática que debe existir en un país, no puede ser excluida ninguna institución. Siendo las Fuerzas Armadas una institución histórica y esencial para la sobrevivencia del Estado, y que deben cumplir una misión de singular trascendencia, es vital que se mantenga en el más alto nivel su capacidad operativa, valorar su importancia y respetabilidad en la vida del Estado. Las Fuerzas Armadas, nacieron a la historia con vocación libertadora que encarnó el honor y la dignidad de nuestros pueblos en las heroicas luchas por la independencia. Su presencia contribuye, no sólo a la defensa de la integridad y soberanía de la patria, por lo tanto, no pueden escamotear su contribución al afianzamiento y fortalecimiento del sistema democrático.
Las Fuerzas Armadas tienen como misión específica la consagración total y absoluta a la defensa del honor, la soberanía y la integridad territorial de la patria. Si las Fuerzas Armadas están comprometidas con el cumplimiento de su sagrada misión y por un vivo sentimiento nacional; si el gobierno ejerce el poder civil, temporalmente, conforme a la constitución y leyes de la República y los militares respetan y acatan a dicho poder, la institución armada adquiere una importancia trascendente en la vida del Estado.
El ordenamiento jurídico, en lo que se refiere a la Institución militar, se ha mantenido históricamente sin mayores cambios de fondo o de carácter semántico, en razón de que no se han producido modificaciones esenciales en sus misiones: defensa de la soberanía e integridad del Estado, defensa de la Constitución -suprimida en la Constitución vigente-, de las leyes y de las instituciones del Estado y, cuando es estrictamente necesario, participación en el mantenimiento del orden público y la seguridad interna. Sin duda que estos conceptos, como el que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, al respecto, considero que la no deliberación de las Fuerzas Armadas se refiere a asuntos que no son de su competencia, salvo que las autoridades correspondientes les pidan su criterio; porque en los problemas de la seguridad nacional, para cuyos efectos las Fuerzas Armadas existen, es absolutamente necesario que sean deliberantes, sin que por ello deje de ser el Jefe de Estado el que tome las decisiones.
Debo señalar que, en Latinoamérica, a lo largo de la vida republicana, en ciertos pasajes de nuestra historia, considerando que entre los militares hay importantes y complejas diferencias históricas, las circunstancias les han obligado a convertirse en “actores políticos” determinantes ante la debilidad de las instituciones civiles democráticas.
Si bien es cierto, en la Constitución actual, se consagra el voto facultativo para los militares en servicio activo, les está prohibido hacer política de banderías, intervenir en la acción proselitista dentro y fuera de los cuarteles. Tampoco las Fuerzas Armadas deben convertirse en instrumento de aventureros que “en las crisis de la política interna suelen buscar el apoyo de los militares con la vista puesta exclusivamente en sus intereses”. Por lo tanto, los militares deben situarse por encima de estos conflictos partidistas y evitar, por todos los medios, que la Institución se politice, conduciéndola a una acción disociadora y peligrosa para el cumplimiento de su sagrada misión.
Los mandos y los miembros de las Fuerzas Armadas deben ser fieles a su misión consagrada en la Constitución, para servir así al ideal democrático, deben mantenerse totalmente alejados del asunto político, sin intervenir en él por nada y para nada, ya que son el pueblo y las instituciones civiles quienes deben solucionar los problemas que afectan a la vida nacional. De manera que, el manejo de los asuntos políticos es tarea extraña a los fines de la institución militar, debe estar subordinada responsablemente a los poderes legalmente constituidos de las autoridades que el pueblo eligió libremente en las urnas. Si bien es cierto, en nuestros países, desgraciadamente hemos tenido y seguramente seguiremos teniendo crisis políticas, en esas circunstancias, las Fuerzas Armadas no pueden desconocer a los gobiernos legítimamente elegidos, tampoco deben convertirse en guardias pretorianas de regímenes que atentan contra la democracia y las libertades de los ciudadanos.
Cabe señalar que el marginamiento obligado de la militancia política por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, no debe interpretarse en el sentido de que el militar permanezca ajeno a la situación política y social del pueblo. Su aporte es fundamental a la solución de los problemas y tanto como el apoyo al desarrollo del país. El militar no puede ignorar la situación política de su patria, el eventual peligro de ciertas doctrinas que se quieran implantar y que atenten contra el mantenimiento de la estabilidad social-económica, la democracia, las libertades y las tradiciones históricas del país. Ello equivaldría a condenarle que se aleje de la vida misma. El militar tiene el derecho y el deber de estar permanentemente atento a lo que suceda en su patria en su calidad de militar y ciudadano.
En nuestro país, la firma de la paz con el Perú fue la ocasión propicia para definir con claridad el rol de las Fuerzas Armadas en el actual sistema democrático, considerando que los militares son socios obligados de la democracia.
Me permito recordar que, ya en 1988, el General español Francisco Laguna trazó el perfil del militar profesional del siglo XXI. Y lo definía sobre la base de tres equilibrios: entre la disuasión y la distención, siguiendo la tendencia hacia la paz; entre el puro nacionalismo y el universalismo utópico, para forjar un nuevo concepto de patriotismo, y entre la disciplina y la libertad, dados los altos niveles intelectuales que se exigirán a ese tipo de soldado, para ser considerado un “hombre de su tiempo”.
Señoras y señores.
* Ponencia del coronel (r) Alberto Molina Flores, en su incorporación como Académico Correspondiente de la Academia Nacional de Historia Militar. Molina forma parte del Consejo Editorial de LaRepública desde 2011.
Quito, miércoles 15 de julio de 2015.