Informalidad

Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador

La nueva metodología del INEC para calcular la informalidad establece que todas las personas que tengan RUC o trabajan en relación de dependencia en una unidad económica con RUC, pasan a ser considerados formales, lo cual no es correcto. El empleo formal es aquel que cumple con los requisitos legales mediante la celebración de un contrato de trabajo y sus características; es decir, cuando existe una relación de dependencia.

La nueva metodología del cálculo, aplicada desde el último 16 de julio, reduce la proporción de trabajadores en el sector informal en la economía, maquillando la deficiente libreta de calificaciones de la revolución ciudadana en cuanto a la generación de empleo formal. Una práctica similar a la aplicada en Venezuela y Argentina, dos naciones que este año tendrán decrecimiento, pero que sus mandatarios afirman que están mejor que nunca.
Muchas personas realizan labores esporádicas y cuentan con RUC o RISE para poder facturar y no por ello pueden considerarse como individuos con un trabajo formal. Incluirlos sería útil para otro estudio, como por ejemplo: estadística de la población económicamente activa.

Quienes ejercen funciones independientes no siempre las ejecutan bajo condiciones de formalidad y amparo; y por lo tanto, no es sinónimo de una actividad plena o con las condiciones mínimas de estabilidad. Ocho de cada diez plazas de trabajo son provistas por la empresa privada. El sector privado es el gran generador de empleo, por lo que los poderes del Estado deberían facilitar las condiciones para que las empresas puedan prosperar y crear más puestos de trabajo.

Ese objetivo requiere de seguridad jurídica, lo cual implica una pausa normativa y un poder judicial que permita ejercer los derechos constitucionales; así como flexibilidad laboral; disminución de la carga tributaria; fomentar el financiamiento del emprendimiento para la innovación; normas que faciliten el libre comercio y en especial, el respeto a los derechos de propiedad y libertad de expresión. Un ambiente de confianza en el que se obedezcan las reglas del juego establecidas en la legislación vigente, como por ejemplo, realizar un referéndum para conocer si los ecuatorianos estamos dispuestos a aprobar la reelección indefinida de servidores públicos como el Presidente, acatando el procedimiento establecido por la Constitución de Montecristi para reformar la estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado. No por vía de la Asamblea Nacional, que es un camino ilegal.

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