Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
El artículo 275 de la Constitución declara que el Estado planificará el desarrollo del país promoviendo la concertación. Concertación implica acordar, pactar o convenir. La lógica determina que los servidores públicos, como los define la Constitución, están para servirnos a quienes pagamos sus sueldos: los ciudadanos. No para imponer condiciones para dialogar con quienes deberían ser servidos.
Pero más allá de lo que queramos los ciudadanos, el Estado ecuatoriano se ha convertido en el rey del endeudamiento, hipotecando el futuro de nuestros descendientes en beneficio de la burocracia. Los funcionarios públicos han demostrado que poco les interesa el bienestar de los votantes. No están dispuestos a reducir el tamaño del Estado obeso, porque no les conviene a ellos, a pesar de que esa negación nos perjudica a todos; obligándonos a pagar más impuestos, evitando que podamos reinvertir en los negocios y castigándonos con una mayor inflación. Y para eso están dispuestos a imponernos salvaguardias, cupos y normas técnicas, que hoy ya han demostrado el daño que causa a la economía.
Según Ulpiano, justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Existe un solo tipo de justicia. La justicia social de los comunistas es un robo. Supone quitarle a quien ha producido legítimamente, para entregarle los bienes a otro. No genera mayor creación de riqueza, porque desmotiva a los individuos. Solamente se puede repartir una vez. Los únicos que siempre estarán bien en ese sistema serán los funcionarios públicos, que se convertirán en los administradores de los bienes, arranchándoles la libertad a los ciudadanos por las migajas que estén dispuestos a darles.
Para lograr sus objetivos estarán dispuestos a contarnos falacias. Por ejemplo: que importar es malo, cuando toda compra venta beneficia a las partes. O que es necesaria la soberanía monetaria, cuando esta no radica en el dinero. Los individuos buscamos monedas confiables como el dólar. Las monedas volátiles afectan la economía, pero la burocracia es feliz con ellas porque emite a discreción para seguir gastando.
Es menester recordar a los servidores públicos que son administradores temporales. En ningún caso pueden imponer condiciones para dialogar con el pueblo soberano; reelegirse indefinidamente con triquiñuelas ilegales o imponer modelos económicos que los favorezcan y que han fracasado aquí y en todos los países que los quisieron aplicar. Anhelamos un modelo económico que ofrezca oportunidades para que todos podamos prosperar, sin infringir libertades ni el derecho de propiedad.