Miguel Molina Díaz
Quito, Ecuador
Empiezo este relato con una reflexión: el lenguaje sirve para llamar a las cosas por su nombre. Así lo concibió Cervantes cuando decidió que en un lugar de la Mancha vivía un hidalgo de nombre Alfonso Quijano, con un caballo llamado Rocinante y enamorado de una dama llamada Dulcinea del Toboso. En ‘Cien años de soledad’ García Márquez usa el lenguaje para nombrar el mundo, ya que éste “era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo”. Mis padres y mis abuelos me enseñaron, al igual que esos grandes escritores, a decir la verdad de las cosas, pues la mentira es una muestra de cobardía. Estoy convencido de que es una obligación moral de toda persona hacerlo, por eso no tengo miedo en afirmar que Manuela Picq tuvo que partir a un abominable exilio ante la persecución –judicial, administrativa y política– que contra ella emprendió un gobierno autoritario.
La tarde del jueves 20 de agosto asistí a la audiencia para resolver la acción de protección que ella interpuso contra el nefasto acto administrativo con el cual le revocaron su visa de intercambio cultural. Asistí a la pantomima de un sistema judicial prostituido ante los intereses de un grupo de poderosos. La jueza (e) Paola Ayala empezó la audiencia comunicando a la defensa de Manuela Picq que solamente podría hablar un abogado, mientras que del otro lado hablaría un representante de la Cancillería y otro de la Procuraduría del Estado. Molestos y frustrados los juristas que la defendían decidieron que el abogado orador sería el Dr. Juan Pablo Albán. Ante la protesta de la defensa, la jueza permitió que Carlos Pérez Guartambel, habiendo demostrado su interés en la causa, interviniera en calidad de amicus curiae.
Juan Pablo Albán tomó la palabra y explicó que Manuela Picq no constituye un peligro para el orden constitucional del Ecuador, por el contrario, sus contribuciones como docente e investigadora han sido esenciales para la formación y divulgación del conocimiento sobre los pueblos indígenas e incluso sobre la participación política de la mujer. Luego Albán relató los hechos de ese infame 13 de agosto, día de la detención ilegal de Manuela Picq. La jueza Paola Ayala se molestó cuando Albán mostró una fotografía de la agresión policial a la periodista y profesora universitaria. Albán, con toda razón, le respondió que son imágenes que conoce toda la sociedad ecuatoriana. En efecto, todos conocemos lo que le hicieron a Manuela.
Además, el abogado denunció, como en la audiencia del 17 de agosto, la presunta comisión del delito de falsificación de documentos públicos de quienes firmaron el parte policial del 13 de agosto y la resolución de la Cancillería del 14 se agosto. También denunció que obrando contra Derecho la Cancillería jamás comunicó a Manuela Picq sobre la cancelación de su visado. El abogado cumplió su deber de abogar ante la Justicia por una persona a la que le vulneraron sus derechos, se enfrentó al discurso oficial y con la lengua castellana dijo cada uno de los abusos que se cometieron contra Picq. Seguramente a Albán sus padres y sus abuelos también le enseñaron a nombrar las cosas por su nombre.
Carlos Pérez Guartambel, en calidad de amicus curiae, expresó que además de lo esgrimido por Albán, la resolución por la cual se cancela la visa de Picq carece de motivación legal. En efecto, la resolución es un documento que consta de tres líneas y en ellas, obviamente, jamás se pudo motivar suficientemente la decisión del Estado.
Le tocó el turno al abogado que envió la Cancillería, quizá uno de los juristas con más profundo desconocimiento del Derecho en todo el territorio ecuatoriano. A las cosas por su nombre, insisto. El sujeto, que respondía al nombre de Santiago Salazar, replicó el cuestionamiento sobre la falta de motivación diciendo que “no se puede reglamentar las facultades discrecionales del Estado”. Es decir, si el Estado quiere cancelar una visa sin razón y porque le da la regalada gana, lo puede hacer en tres líneas y sin explicar motivos racionales. Y dijo que en todo caso, si se quiere motivación, la hay “bien o mal” en el Informe Jurídico, ese que se sostiene sobre documentos falsos según Albán. Así de vergonzoso fue el argumento del funcionario. También explicó que la cancelación de la visa no se le notificó a Manuela Picq porque la Cancillería no tiene servicio de courier y ella (asumo que esto se aplica a todos los extranjeros) tenía la obligación de averiguar periódicamente si, en un arrebato de mera soberanía, al Estado le daba la gana de que se fuera del país.
Salazar, que decidió hablar sentado desde su silla y no pararse como es común en el procedimiento oral por respeto a los jueces, también expresó que la sede constitucional no era la competente para conocer esta acción de protección, sino la sede administrativa. El abogado de la Cancillería no entendió que la acción de protección es, precisamente, un mecanismo que busca el amparo directo y eficaz de los derechos que están en la Constitución, es decir, los que la Cancillería violó a Manuela Picq al revocarle su visado solo por ser la pareja del dirigente indígena Carlos Pérez Guartambel. ¿Acaso en esas tres líneas se dice otra razón?
La abogada de la Procuraduría, cuyo nombre no quiero acordarme, manifestó que la soberanía es “una facultad suprema del Estado”, dejando en la sala una incómoda preocupación por la forma en la que ella obtuvo su título de abogada ya que en primer semestre de Derecho se aprende, en una de las primeras clases, que la soberanía es un elemento constitutivo del Estado, como el territorio y la población, y que radica en el pueblo. También desconocía, la burócrata, que constituye un principio constitucional el que todo acto administrativo deba ser motivado porque, de hecho, la razón de ser del régimen constitucional es evitar a toda costa la arbitrariedad del Estado frente a los ciudadanos. Por eso, Juan Pablo Albán les replicó que “soberanía” y “facultad discrecional” no es sinónimo de arbitrariedad. Incluso, dijo Albán, el artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa excluye de la sede administrativa (y esto lo ignora Santiago Salazar, obviamente) las cuestiones sobre actos que se refieran a la potestad discrecional del Estado. La jurisdicción natural para la protección de los derechos constitucionales es la sede constitucional y el mecanismo para activar ese sistema de amparo es la acción de protección. A eso, Salazar respondió, con un tufo a franquismo: “¿Si es facultad discrecional del Estado, de qué debido proceso tiene que hablarse?”
En todo caso, la explicación sobre los argumentos jurídicos está de más. En negación absoluta del Derecho Constitucional la jueza (e) Paola Ayala rechazó la acción de protección, interpuesta por Manuela Picq, para dejar sin efecto la infame resolución que le canceló su visa. Después de esto la magistrada intentó salir corriendo de la audiencia pero no pudo porque el Dr. Juan Pablo Albán tomó la palabra para apelar en el acto esa resolución. Luego de escucharlo, Paola Ayala pudo salir por fin. Ese es el Estado actual de la justicia ecuatoriana y así como Cervantes hizo que Don Quijote se enfrentara a los malhechores y usara la lengua castellana para ponerlos en su puesto, con adjetivos valientes, a mí no me tiembla la voz para decir que la función judicial de mi país depende, incluso emocionalmente, del poder ejecutivo, como quedó demostrado en el caso de Manuela Picq.
Paola Ayala y Santiago Salazar forman parte de ese grupo de abogados que renunciaron al Derecho y al ideal de Justicia para acomodarse en sus pírricos espacios de poder, que los satisfacen y benefician. Es un descrédito para la universidad ecuatoriana que profesionales como ellos ostenten como servidores públicos. No decirlo equivaldría a mentir y traicionar la tradición de la lengua castellana. El columnista y el cronista tiene una obligación irrenunciable con su tiempo: decir la verdad de lo que piensa.
Inevitablemente ese compromiso me traslada al principio de mi escritura como columnista y a mi incapacidad intelectual e intuitiva de ver en esos seres, que en el año 2006 prometieron transformar al país, lo peligrosos que en realidad eran. Ellos no cambiaron con el poder, siempre fueron autoritarios y muchos no tuvimos la capacidad de verlo. En ese año 2006 pecamos de ingenuos, de noveleros y de irresponsables al creer en un proyecto político que, sin clemencia, iba a destrozar el sistema democrático y a desmantelar las libertades públicas.
Por eso, la tarde del viernes 21 de agosto, cuando me dirigí al aeropuerto de Tababela para despedir a Manuela Picq, sentí la soledad de vivir bajo las sombras de un régimen con pretensiones totalitarias, como los que examinó Hannah Arendt. Ella, en su lucidez, estudió la naturaleza del Estado totalitario y de la banalidad del mal y nos alertó sobre la posibilidad perversa de que un día el Estado, con toda su capacidad y violencia, entre en la vida de una persona para desolarla y destruir sus proyectos, sin que pueda defenderse. Eso hicieron con Manuela Picq, quizá por lo que ella representa: es mujer, periodista, politóloga, extranjera, políticamente lúcida, intelectualmente brillante y es la pareja de un dirigente indígena. Pero también lo hicieron por un sentido de cruel perversidad desatada en contra de Carlos Pérez Guartambel y del movimiento indígena, que se atrevió a cuestionarlos y, más aún, a enfrentarlos.
Manuela Picq se fue voluntariamente porque su deportación era inminente: una carta del ministro José Serrano logró que la jueza Gloria Pinza, que resolvió no deportarla, decida elevar a consulta al ministro del Interior el caso. Así es como un funcionario de la Función Ejecutiva puede tratar como subalterna a una magistrada y obligarla a reconocer (de forma inconstitucional) que él posee la última palabra.
Cuando me acerqué a despedirme Manuela Picq me dijo, como una recomendación, que hay todavía mucho que aprender de los pueblos indígenas. Ella, que no nació en el Ecuador, tuvo la humildad de reconocer en la cosmovisión andina una sabiduría milenaria que los occidentales no hemos sabido valorar. Manuela se apropió de esa cultura. Por eso, su partida al Brasil, debe ser considerado un exilio. En realidad el Ecuador es su hogar y el sitio al que volverá inevitablemente, porque como sucedió con el Ulises de la Odisea los grandes seres humanos de todos los tiempos siempre regresan a casa. Para la cosmovisión andina la historia es cíclica y esos, que abusaron en su tiempo del poder, se quedarán sin él. Y los sabios, como Manuela Picq, regresarán a casa alentados por el viento de la verdad y la valentía de sus palabras.