Carlos Arévalo
Bogotá Colombia
En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Martin Niemöller escribía un polémico poema que buscaba desahogar el sentimiento de culpa que embargaba a un sector de la sociedad alemana, por haber guardado silencio mientas atrocidades ocurrían a su alrededor: “Primero vinieron por los comunistas y no hablé porque no era comunista. Luego vinieron por los sindicalistas y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no hablé porque no era judío. Luego vinieron por los católicos y no hablé porque yo era protestante. Luego vinieron por mí y para ese momento, no quedaba nadie que hablara por mí”.
Es inevitable ser testigo de medidas de deportación masiva y no recordar los oscuros momentos de la debacle mundial sufrida durante ese tiempo, hechos dolorosos que esperaríamos no tener que experimentar de primera mano en pleno siglo XXI. Aunque pareciera que la crisis política entre Colombia y Venezuela llega a su fin, sin olvidar que el drama social persiste y persistirá por más tiempo para muchos, una de las lecciones que los colombianos, y en especial el Gobierno, debemos aprender es el alto costo de su silencio frente a lo que sucede en el vecino país.
Parafraseando las palabras de Niemöller, en Venezuela vinieron por los líderes de la oposición, encarcelaron e incluso condenaron a Leopoldo López a casi catorce años de prisión, pero como no era opositor, no dije nada. Después atacaron a los medios de comunicación, cerraron canales de televisión y periódicos violando la libertad de expresión, pero como yo no era periodista, tampoco dije nada. Luego atacaron a quienes protestaban contra el oficialismo en las calles, causando heridas y la muerte de muchos, y no hablé porque yo no era manifestante. Finalmente, vinieron por los colombianos y para ese momento, el Gobierno no podía esperar que una comunidad internacional que ha demostrado ser aquiescente en todos los casos anteriores, dijera algo.
Si bien es cierto que en el derecho de las naciones, el mismo que los Jefes de Estado de Colombia y Venezuela prometen respetar en su Declaración Conjunta a la que nos referiremos unas líneas adelante, tiene como principio la no intervención en los asuntos internos de los otros países, experiencias como la vivida en los años 90 en Ruanda le han enseñado a la comunidad internacional que hay circunstancias de graves violaciones a los derechos humanos en las que no puede permanecer impávido y debe reaccionar. El mundo ha reconocido que ante crisis humanitarias, incluso la soberanía tiene que ceder ante la obligación de todos de proteger, lo que se ha conocido como la ‘responsibility to protect’ o R2P.
La reunión de los presidentes Santos y Maduro celebrada en Quito, como resultado de los buenos oficios de los mandatarios Rafael Correa de Ecuador y Tabaré Vásquez de Uruguay, pareciera ser el epílogo de un mes de crisis y confrontación entre los dos vecinos. Prueba de la eficacia de la diplomacia latinoamericana. Pero la verdad es que los resultados de la reunión dejan más dudas que respuestas, así como unos claros vencedores y vencidos.
La primera de las dudas, que deja una sensación de derrota, son los siete puntos acordados. Una lista de buenas intenciones, de medidas programáticas, más cercanas a lo que en sus alocuciones pedía Nicolás Maduro que a los reclamos hechos por Colombia, que se esperaba fueran atendidos o por lo menos considerados. Un punto encaminado a “realizar una investigación de la situación de la frontera”, no hace justicia a las violaciones de derechos sufridas por nuestros connacionales. Esperemos que las medidas para la “progresiva normalización de la frontera” sí los tengan como eje central.
Pierde la política internacional colombiana y en especial pierde la OEA. La estrategia colombiana no era errada, pero le salió mal. El Gobierno le apostó por llevar el caso a la Organización de Estados Americanos para discutir las deportaciones masivas frente al hemisferio, donde se esperaba que al medir fuerzas con Venezuela resultáramos favorecidos, sin embargo, la OEA demostró no ser el escenario propicio. Cabe preguntarnos, si no es el foro adecuado para ventilar situaciones como la suscitada por el cierre de la frontera binacional ¿entonces para qué sirve la OEA? Sin duda, es una organización internacional en estado crítico.
Crisis que se profundiza, cuando la política exterior venezolana demuestra ser más eficaz logrando que la reunión entre los dos Jefes de Estado se adelantara con el auspicio de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y de la Unasur, dos de las iniciativas lanzadas en su momento por Hugo Chávez, precisamente para restarle fuerza a la OEA, a la que consideraba dominada por los propósitos de los Estados Unidos.
A nivel político, el gran vencedor es el gobierno de Nicolás Maduro, que logró desviar la atención de un hecho que genera mucha preocupación. Venezuela afrontará la campaña y posiblemente las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre de este año, bajo la declaración de estado de excepción en todos los territorios fronterizos con Colombia. No puede haber mejor escenario para un gobierno autoritario que quiere pretende mantener un control absoluto, que el de adelantar comicios en circunstancias de anormalidad. Ojalá la comunidad internacional no guarde silencio en esta oportunidad y preste especial atención a esa circunstancia, ejerciendo una real veeduría a través de Misiones de Observación Electoral.
Como corolario, resulta indignante, que en el mundo de hoy, con los adelantos en tecnología y comunicaciones, y con el desarrollo que hemos alcanzado en pro del respeto y garantía de los derechos humanos, situaciones como la que afronta Europa por la migración masiva de personas que huyen de la violencia en Siria, no tengan una solución que les resulte favorable, y, por el contrario, tengamos ver escenas de dolor y muerte como las que hemos visto en este último mes.