Yo esperaba un aplauso unánime y estentóreo, que no se produjo. Casi todos los demás dirigentes de la oposición contestaron con ambigüedades cuando alguien les preguntó por el asunto, preocupados por no aparecer como enemigos de los derechos humanos. Evadieron el cuerpo en lugar de aplaudir la noticia, que nos confirma de una vez por todas que las fuerzas armadas no son correístas y que no acompañarán al dictador en su aventura totalitaria.
Cuando se vive en democracia, cuando los magistrados son señores, tienen personalidad y se comportan de manera independiente, es verdad que los generales no deben presentarse en un juicio, y menos aun con uniforme. En circunstancias así, en una democracia real, nos opondríamos firmemente a lo que hicieron los mandos militares el lunes. Pero en Ecuador no hay democracia, y no tenemos jueces independientes, sino unos que reciben las sentencias redactadas para que pongan su firma al pie.
Desde que Rafael Correa anunció que le metería las dos manos a la Justicia, no hay independencia de poderes en el Ecuador. Correa es el único juez, el único legislador, el único y eterno presidente, así que no hay cómo quejarse de que los generales hayan atropellado una Justicia independiente que no existe, y que sólo la recuperaremos cuando derrotemos a la dictadura.
Hablemos claro: lo que se convocó el lunes no fue un juicio para juzgar una violación a los derechos humanos. Esa fue la fachada, el disfraz. Correa, el mayor violador de derechos humanos de nuestra historia reciente, actúa siempre así, sus peores propósitos los encubre bajo un manto bondadoso. Lo del lunes fue en realidad la continuación de un operativo político muy bien pensado para someter a unas fuerzas armadas que, por distintos motivos, no encajan completamente en sus planes, de una manera muy similar al 30 S, cuando se inventó un secuestro para justificar un palazo brutal a sectores rebeldes de la policía nacional.
El correísmo nunca se adueñó de las fuerzas armadas
Siempre se supo que una de las diferencias fundamentales entre Ecuador y Venezuela es que Rafael Correa no había podido meter a las fuerzas armadas en su proyecto político totalitario. Para gobernar tranquilo, complació a muchos generales, que disfrutaron todos estos años de prebendas y de un millonario presupuesto, pero que nunca se sometieron completamente. Eran sus socios pero no sus empleados, y de vez en cuando se lo recordaban, para su disgusto.
Hubo algunos, incluso, como Jorge Gabela, que pagaron con su carrera (algunos temen que hasta con su vida), por conservar su independencia.
Durante las movilizaciones recientes, esta tensión se hizo visible. Dos veces Correa estuvo a a punto de decretar el estado de emergencia, y dos veces los generales le contestaron que no lo acompañarían. Varias veces les exigió que le envíen carros de combate para protegerse de los manifestantes, pero no le enviaron tanques sino camiones. Y los soldados, en las últimas manifestaciones, portaban fusiles, pero sin balas.
Correa optó entonces por el plan B: quebrar a las fuerzas armadas, un plan que nunca descartó, y que lo venía preparando desde que asumió el poder. Como parte de esa estrategia, en el período más reciente, se redujo el período de conscripción, se programó un recorte radical en el número de cuarteles y de soldados, se suspendieron los pagos al Issfa y se anunció un traslado masivo de oficiales y tropa a otras instituciones: policía, bomberos y guardaparques.
Por último, la provocación, el escupitajo en la cara: condenar a largos años de cárcel a algunos oficiales retirados y convertir en héroes a sus peores enemigos, los ex secuestradores de Alfaro Vive Carajo, garroteros de un régimen que acusa de terrorista a cada obrero o indígena que protesta.
¿Por qué falló el plan? Porque coincidió con el estallido de la crisis económica. Se acabó la plata y eso extendió el descontento en los cuarteles. Los generales, muy presionados por la tropa y los mandos medios, aun a desgano se vieron obligados a reaccionar, poniendo en jaque las intenciones de Correa.
La situación cambia, se terminó la tregua
Los ecuatorianos democráticos no queremos un golpe de estado. No queremos que los militares resuelvan qué hacer con esta dictadura, que criminaliza la protesta social. Si eso llegase a ocurrir, el pueblo tendría que salir a las calles para impedirlo. Son los civiles, y sólo los civiles, los que tendrán que decidir la suerte del país. Pero sí necesitamos que los soldados no disparen contra el pueblo y no defiendan con las armas un poder ilegítimo. Y habría que ser un completo despistado para no ver que los generales (empujados por la tropa, hay que repetirlo), el lunes nos enviaron este mensaje: “No somos incondicionales, no vamos a acompañar a este régimen hasta el fin”.
¿Mantendrán mucho tiempo los generales esta postura? Difícil saberlo, la trayectoria de algunos nos obliga a desconfiar. Pero por ahora, su mensaje alterará por completo el escenario político, porque ocurre justo cuando el país comienza a descubrir que está sumido en una de las peores crisis económicas de su historia, con cientos de despidos cada mes. Pronto se verá que la tregua que consiguió Correa con la visita del papa ha llegado a su fin. A partir de ahora todo será más difícil para ellos: desde promocionar su candidatura presidencial hasta preparar el fraude electoral, pasando por un posible estallido social, si la crisis económica avanza y las protestas renacen, como se insinuó este miércoles, con la manifestación convocada por los sindicatos y el movimiento indígena.
Esto no quiere decir que la tarea será más fácil para las fuerzas democráticas de oposición, sino que se abre una situación muy inestable, que exigirá de dirigentes resueltos; no de esos que se mueven con el viento, sino de los que muestran el camino y son los primeros en avanzar.