Tan absorbidos están por sus cálculos electorales que no caen en cuenta que lo que el Ecuador necesita no es cambiar a un presidente por otro, o a unos asambleístas por otros, o a unos alcaldes por otros. Lo que el país requiere es un cambio estructural de su sistema político, solo comparable con el que tuvimos cuando nuestro país transitó de la dictadura militar a la democracia allá por fines de los setenta. Lo que se cambió no fue solo al titular del Poder Ejecutivo, sino a un sistema. Es lo que hoy necesitamos.
No se trata de un péndulo entre izquierda y derecha, aunque es innegable que los vientos soplan fuerte en esa dirección. En el caso ecuatoriano lo que enfrentamos es algo más profundo, algo que atañe tanto a la izquierda, como al centro y a la derecha. El desafío es cómo desmontar un sistema que en los hechos tiene cara de dictadura, patas de dictadura, rabo de dictadura, a pesar de que no se llame formalmente dictadura. Desmontar ese sistema no se logrará con la elección de un nuevo presidente. Al contrario, la elección de un nuevo presidente por sí sola lo que va a provocar es legitimarlo.
¿Acaso con la simple elección de un nuevo presidente, la Corte Constitucional, el Poder Judicial, el CNE, el Consejo de Participación, y los órganos de control, de pronto van a convertirse en instituciones al servicio de la democracia, leales a la ley y el derecho? ¿Alguien seriamente puede creer que sus titulares –la mayoría de ellos abiertamente simpatizantes y hasta militantes del oficialismo–, cuyos nombramientos se extenderán mucho más allá del día en que el nuevo presidente asuma sus funciones, de pronto restituirán a los ecuatorianos los derechos que les han sido confiscados, o sacarán a la luz lo sucedido en la última década, si ellos han sido clave en la construcción de semejante andamiaje totalitario? ¿Puede creerse que la Corte Constitucional y el CNE van a permitir que se convoque a una consulta, o una Asamblea Constituyente, o que la primera se abstendrá de boicotear al nuevo gobierno con declaratorias de inconstitucionalidad a diestra y siniestra?
Solo un ingenuo puede aceptar que la calificación de “orgánicas” a decenas de leyes que por su naturaleza no califican para esa categoría se deba a un simple error. Al requerir la Constitución una mayoría calificada para reformar a las leyes orgánicas, lo que ha hecho el oficialismo es petrificar esas leyes e impedir que una nueva legislatura las reforme por mayoría simple como debería ser en cualquier democracia. Es lo que hicieron con la Constitución. Recientes declaraciones confirman nuevamente que las reformas apuntan a perpetuar un “proyecto político”. Si la oposición sigue cayendo en el juego del régimen de solo ver los árboles y no el bosque, corre el riesgo de perderse en él. Y el país no merece esa suerte. (O)
- El artículo de Hernán Pérez Loose ha sido publicado originalmente en El Universo.