El 19 de febrero de este año, la Cuenta Única del Tesoro en el Banco Central registró un saldo de 500 millones de dólares. A pesar que en el reporte del 26 de febrero se pudo observar una recuperación de dicha liquidez, no deja de ser preocupante que el saldo aún no alcance los niveles considerados como saludables -aproximadamente 2,000 millones de dólares- lo cual representa lo mínimo necesario para poder solventar las necesidades fiscales inmediatas del Gobierno.
La escasez de liquidez del Gobierno no es nueva, se viene arrastrando desde finales del año pasado. De hecho, es una situación que fue públicamente aceptada por el Presidente Rafael Correa el 23 de enero de este año (durante el enlace ciudadano 454). Desde entonces, este problema no se ha podido revertir. Por el contrario, parece haberse exacerbado; puesto que sus efectos son cada vez más palpables. Entre ellos se destacan los atrasos en los pagos a: proveedores del Estado, gobiernos locales, servidores públicos, prestadores de servicios de salud pública y privada, entre otros. A esto se suma el hecho de que el Gobierno se ha apalancado en el uso de Títulos del Banco Central (TBC) como medio de pago para sus obligaciones, lo cual profundiza aún más la vulnerabilidad financiera de la economía. En definitiva, todo esto muestra la grave incapacidad del Gobierno para honrar sus obligaciones.
Una alternativa real para superar este difícil problema de liquidez, sería ir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar recursos de corto y mediano plazo y a través de eso lograr acceso a otras fuentes de financiamiento. Esto podría considerarse una herejía para los oídos de muchos, pero la alternativa es que el Gobierno siga incumpliendo con sus obligaciones financieras; poniendo con esto en peligro el bienestar de aquellos ecuatorianos cuyos ingresos, salud, educación y seguridad dependen de dichos fondos gubernamentales.
No obstante, creo que será muy difícil que el gobierno siga el camino del FMI; por más lógico que sea. Y no por razones ideológicas, como lo ha argumentado el Presidente Correa en varias ocasiones, sino porque al negociar la obtención de financiamiento del FMI, este le plantearía tres exigencias (que distintos analistas hemos solicitado y que el gobierno se ha negado a satisfacer). Las exigencias son: 1) poner en marcha un programa de disciplina fiscal que recorte el tamaño del Estado, así como su influencia en la economía. 2) precisar la verdadera magnitud del déficit fiscal bajo parámetros realistas, y consecuentemente especificar las necesidades reales de financiamiento, así como las fuentes disponibles al momento; y 3) transparentar la información pública sobre: el gasto corriente, las inversiones, el manejo de fondos del IESS, la deuda interna y externa, y los contratos de preventa petrolera.
No poder o querer cumplir con estas tres exigencias, es la verdadera explicación de la renuencia del gobierno para acercarse al FMI. Por esta razón, mientras pueda hacerlo, el Presidente Correa se seguirá escudando en discursos retrógrados de décadas pasadas increpando a quienes aconsejamos esta opción como herejes de un proyecto político que muchos siguen como si fuera un culto.