De modo que cualquiera pueda ser candidato a la reelección (de manera indefinida), sin el impedimento para presentarse en 2017 que resulta de la transitoria aprobada recientemente con el paquete de enmiendas. Por supuesto, como el nombre del colectivo sugiere, la lucha no es por la defensa del derecho de una comunidad, sino por el particular derecho de una persona a ser reelegida in saecula saeculorum, si tan solo inventásemos la fórmula de la inmortalidad.
Ahora bien, lo que antes parecía un emprendimiento más o menos inocente (e ingenuo) de sus promotoras, hoy produce algunas perplejidades. Esto último porque la Corte Constitucional (CC) ha admitido a trámite el pedido de RCS. Tal cosa, obviamente, no quiere decir nada por sí misma, ni implica aceptación alguna de sus argumentos, pero hace que la propuesta del colectivo empiece a tomar forma. Y como en el Ecuador la certeza del derecho y la posibilidad de prever las decisiones de la CC se han vuelto ejercicios que volverían loco a cualquier teórico realista del derecho, la cuestión se nos presenta llena de claroscuros. Puertas que se supone que estaban del todo cerradas, hoy parece que pudieran abrirse.
Uno podría esperar —en todo caso, y en condiciones normales— que el pedido de RCS termine como empezó: como un cúmulo desordenado de ideas dispersas que expresan el fanatismo de un grupo y no la defensa de principios democráticos en algún sentido relevante; pero, en el Ecuador actual, cualquier otro escenario es posible (¡casos se han visto!). En condiciones normales, repito, esta idea debería ser enterrada (y olvidada), al menos por dos razones: (1) el “derecho” que defiende RCS no corresponde, en absoluto, a un principio democrático, y (2) a falta de menos de un año para las elecciones —según la legislación ecuatoriana— no se pueden cambiar las reglas de juego electoral. Lo primero merece alguna explicación; lo segundo, en cambio, me parece ya suficientemente obvio (lo cual debería bastar para cerrar la discusión… si estuviésemos en condiciones normales). Haré, entonces, sólo un breve comentario sobre la primera cuestión.
En un trabajo bastante conocido: “La democracia de los antiguos comparada con la de los modernos (y la de los postreros)”, Bobbio recuerda lo siguiente: «Durante siglos se discutió si era mejor la monarquía hereditaria o la electiva: nadie jamás pensó que una monarquía por el hecho de ser electiva dejase de ser monarquía».
Efectivamente, como recuerda el turinés, en la historia de la política las relaciones entre democracia y elecciones no son unívocas. De hecho, tal cosa no se puede verificar ni siquiera hoy en día: tanto que, por ejemplo, Cuba o Corea del Norte tienen elecciones. Las elecciones, como mero mecanismo de toma de decisiones, son compatibles tanto con un gobierno democrático cuanto con uno autocrático: una cosa es el mecanismo mediante el que se decide, y otra es la materia de la decisión (una cosa es cómo se decide, y otra qué se decide). Lo que hace que los procesos plebiscitarios sean, en algún sentido relevante, democráticos, es su correspondencia con algunos principios que hacen que las reglas de juego de la democracia puedan realizarse, y el cambio político permitirse (¿cómo podría darse esto sin alguna forma de alternancia? Más aún en un sistema donde todo gira alrededor del ejecutivo).
Un derecho «a elegir y ser elegido» como el que propone RCS, no corresponde, de forma alguna, a una propuesta democrática. Al contrario, supone la admisión de la peligrosa tesis según la cual la democracia es un mero ejercicio de mayorías. ¿En qué se diferenciaría de una autocracia si así fuera? De todos modos, queda una posibilidad en relación con su propuesta, y es que quizás no sea que los prosélitos de “Rafael Contigo Siempre” no entiendan la democracia, sino que tal vez nosotros no hemos comprendido aún la monarquía.