El tránsito del presente sistema autocrático, caudillista y concentrador de poder, hacia un sistema democrático, constitucional e institucionalizado no será nada fácil.
Los desafíos de esta transición se presentan en tres planos. El primero de ellos tiene que ver con el pasado. La sociedad ecuatoriana exige saber sobre lo ocurrido durante los últimos diez años. Para comenzar, los ecuatorianos merecen saber, y en detalle, en qué se gastaron los más de 200 mil millones de dólares que recibió el Gobierno por el petróleo. Fue el más grande ingreso económico de nuestra historia, y es una suma enorme en cualquier parte del mundo. Si hubo despilfarro, ¿quiénes fueron no solo sus responsables sino también sus beneficiarios? ¿Pudo, por ejemplo, haberse construido las hidroeléctricas a un costo menor, y si pudo hacérselo, quién evitó hacerlo? Preguntas como estas deben ser respondidas con precisión.
El país necesita, igualmente, conocer la verdad sobre la violación de los derechos humanos, incluyendo la persecución a los periodistas, la criminalización de la protesta social, el espionaje político y el abuso del poder. El país debe saber, por ejemplo, sobre el rol que jugaron los magistrados, incluyendo los de la Corte Nacional y la Constitucional, que con sus sentencias (y silencios) convirtieron a la justicia, a la seguridad jurídica, y al debido proceso en un arma del poder político, y no en un escudo de los ciudadanos frente a él. Si no hay un candidato dispuesto a liderar una investigación profunda sobre hechos como estos, es porque o fue beneficiario de este régimen o pretende continuar con semejantes prácticas.
El segundo desafío que impone la transición tiene que ver con el futuro. Así como el Ecuador de 1979 le dijo basta a las dictaduras militares, así también el Ecuador de 2017 tiene que decirle basta a gobiernos como el presente. Basta a gobiernos, de derecha o izquierda, que siendo elegidos democráticamente se transforman en auténticas dictaduras, que arrasan con los controles horizontales y verticales del poder. Es más, el país no quiere volver a tener ni a los mercaderes de los contratos colectivos del pasado, ni a los borregos alzamanos del presente; como tampoco quiere jueces que sean empleados de El Cortijo o de Carondelet. ¿Qué ajustes constitucionales y qué acuerdos políticos nacionales deberán entonces hacerse para asegurarles a los ecuatorianos un salto cualitativo en sus instituciones?
El tercer desafío tiene que ver con la coyuntura. En su afán de ser ungidos en el panteón de la izquierda boba, el oficialismo al parecer seguirá profundizando la crisis económica sin importarle el desempleo, el crecimiento, la inversión y la inflación; y menos la dolarización. El más reciente ejemplo de esta indolencia es el inconstitucional proyecto de ley que dizque pretende equilibrar las finanzas públicas. Ante esta coyuntura el próximo gobierno deberá dar un giro urgente de timón, y adoptar medidas económicas audaces.
Es por la complejidad de estos desafíos que una Asamblea Constituyente parece inevitable. (O)